El presidente del grupo parlamentario Ciutadans acordó una reunión de urgencia con la ejecutiva del sindicato de la Policía Nacional SUP en Cataluña a la que han asistido también la secretaria general y el secretario de organización y relaciones institucionales del sindicato.
Tras conocer en los últimos días el procesamiento de los 45 compañeros que prestaron servicio durante el referéndum ilegal del 1-O, desde el sindicato SUP se acordó convocar una reunión de urgencia con el grupo parlamentario Ciudadanos a la que ha querido asistir la portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas.
En la misma han estado presentes también: Carlos Carrizosa y Matías por parte de Ciudadanos y del SUP Mónica Gracia, secretaria general; José Antonio Rodríguez Neira, secretario de organización y relaciones institucionales nacional; Jorge Soriano, secretario general y su secretario de organización y portavoz Antonio Granados del SUP Cataluña.
Los políticos han mostrado su apoyo incondicional con los policías inexplicablemente encausados y con las medidas que reivindica el SUP desde hace años para los policías que prestan su servicio en Cataluña, entre las que destacan por urgentes y necesarias:
- La declaración de ZES (Zona de Especial Singularidad) para Cataluña.
- Medidas económicas para paliar el desarraigo y penosidad de los agentes desplazados, con una tasa de abandono superior al 40% cada año, mejorando el salario de los policías.
- Medidas sociales similares a las existentes en otras comunidades, tales como descuento en comedor escolar e instalaciones deportivas.
- Medidas laborales como aumento del baremo de los policías desplazados en Cataluña.
“Sin permanencia es más complicado prestar un servicio de calidad al ciudadano, las plantillas que sufren esa rotación pierden la experiencia y el conocimiento del territorio. “Es imperdonable dejar que eso suceda en una comunidad autónoma que lidera las detenciones contra el terrorismo yihadista, que es frontera con Europa, zona especialmente sensible al tráfico de personas, capitales y en definitiva punto estratégico para la seguridad”, a la vez que indican que “asegurar la permanencia de nuestros policías, mejora el servicio a los ciudadanos con plantillas más sólidas y preparadas”.
Remarcan que la Policía Nacional se ve continuamente sometida a exclusión y desigualdad por parte de una Administración que nos usa como moneda de cambio cuando obtiene beneficios y nos abandona cuando no los hay.
En enero de 2022 concedieron la jubilación anticipada para Mossos a los 59 años y con el 100% de su retribución, cuando un policía nacional debe aguantar hasta los 65 y con una desigualdad de 700 euros frente a los policías autonómicos.
“Jugar con el bienestar de los policías nacionales es jugar con la seguridad de los ciudadanos y creemos que igual de seguro tiene que estar un ciudadano catalán que cualquier otro”, remarcan.
