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La mayoría absoluta del Partido Popular ha aprobado la toma en consideración de la modificación de la Ley 8/2008 de Salud de Galicia, que ha provocado la repulsa más que justificada de muchos grupos y ciudadanos gallegos, como luego diremos. Dicha reforma tramitada por el procedimiento de urgencia, que me recuerda a otras de Sánchez, votada en contra por el PSG y BNG, supone de facto patear los derechos y libertades fundamentales de los gallegos, que como el resto de los españoles están amparados por nuestra Constitución Española. Es aberrante y abusivo, además de inconstitucional y antidemocrático, que un partido político hasta ahora constitucionalista como el PP presente una reforma de una Ley de Salud Gallega, que más bien parece que va en contra de la misma, dado que la reforma inutiliza descaradamente los más elementales derechos de la ciudadanía. Constituye una voladura de nuestra Norma Suprema, de los más elementales derechos humanos y de las normas dictadas por el Consejo de Europa. Como licenciado en derecho Sr. Feijóo debería conocer que la Comunidad Autónoma Gallega, como las demás Autonomías, carece de las competencias para aprobar una regulación contraria a los principios y derechos constitucionalmente protegidos. Únicamente con la aprobación del Estado de Excepción o Sitio, que no con el Estado de Alarma, podría el Gobierno Central con la aprobación del Congreso y Senado aplicar buena parte de las medidas restrictivas de derechos que contiene dicha reforma.

Me explico, una reforma normativa de una Comunidad Autonomía sin competencia para ello, que abre la posibilidad de aprobar, entre otras medidas, la restricción o prohibición del derecho de reunión; intervención de bienes; hospitalizaciones y tratamientos forzosos a pacientes; aislamientos obligatorios en los domicilios, hospitales o internamientos en otros lugares adecuados a tal fin e incluso establece la obligatoriedad de las vacunas es una auténtica aberración jurídica, que supondría la aplicación de un autoritarismo deleznable. En las dictaduras de todo signo han abundado personajes, que henchidos de autoritarismo y ambición querían ganarse su cielo, sin antes estar en el suelo, pero España todavía es reconocida como una democracia plena, aunque su calidad haya descendido seis puestos en el último año de gobierno socialcomunista, pasando al puesto 22, el penúltimo de las democracias plenas. Es decir, a punto de bajar a la categoría de “Democracias defectuosas”, que, sin duda, alcanzaría con su reforma antidemocrática.

Soy consciente de que también se me pondrá el tan consabido san benito de negacionista, aunque no lo sea, pero, le recuerdo que hemos sido miles los juristas españoles, muchos de reconocido prestigio, que incluso con la declaración por el Gobierno central del Estado de Alarma, que siempre fue un Estado de Excepción Encubierto como lo denuncié en algunos de mis artículos, los que calificamos las restricciones, limitaciones y prohibiciones de los derechos ciudadanos, como “Un disparate. Una arbitrariedad absoluta La voladura de todas las reglas, dado que excede claramente lo previsto en la Constitución y en la ley orgánica reguladora del estado de alarma”. La cita es del Catedrático de Derecho Constitucional D. Carlos Ruiz Miguel, aunque podría invocar muchas otras. Entonces, qué decir de una reforma realizada por quien no tiene competencias, que afecta a derechos fundamentales. Es todo un insulto a la democracia.

Los juristas, también los ciudadanos, no sólo tenemos el derecho, sino la obligación de opinar públicamente de las consecuencias de esta ensoñación, que desgraciadamente se está convirtiendo en realidad, como es la imposición de una ley antidemocrática e inconstitucional aprobada ahora, por el rodillo popular en un parlamento autonómico, que legisla sobre materias que no son de su competencia. La competencia es estatal, no autonómica. Es una voladura de todas las reglas del juego democrático. Precisamente, la diputada Montse Prado del BNG ha dicho “que es una limitación gravísima de los derechos fundamentales”. Y, Julio Torrado del PSG, también denunció que se trata de “una maniobra parlamentaria extraña”, “cierto delirio bolivariano” y “deriva autoritaria”.

Sr. Feijóo hace ya meses, abrió el melón de la privación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se convirtió en el adalid de la aplicación de las medidas más restrictivas de las libertades, y el último en restablecerlas, como la mascarilla obligatoria en todo tiempo y lugar, ahora hasta para correr; cierres perimetrales; cierres interminables de la hostelería, sin base científica; toque de queda, con pretensión de fijarlo a las 6 de la tarde y un largo etcétera, a las que denominó semiconfinamientos Todos estas medidas extraordinarias de restricción de derechos, sin aportar los estudios científicos que las avalen, la mayoría han fracasado por no haber demostrado su eficacia, Pero, eso sí, criticando la relajación de las medidas establecidas en Madrid, cuando la Sra. Ayuso ha demostrado sobradamente que se puede conjugar la salud con la economía para así evitar las cada vez más largas colas del hambre, ya que aunque sin salud no hay economía, también, sin economía no puede haber salud. Y, la realidad es que la economía se encuentra en estado de coma inducido.

Pero, volvamos a las infracciones en las que incurre esta reforma ilegal y sus repercusiones en la libertad y derechos de los ciudadanos. La nueva ley le permitirá Sr. Feijóo, si no fuera objeto de recurso, entre otras medidas, administrar la vacunación, siempre que se determine por las autoridades sanitarias gallegas, aunque el paciente se oponga y que en España no sea obligatoria; restricción o prohibición del derecho de reunión; hospitalizaciones y tratamientos forzosos a pacientes; aislamientos obligatorios en los domicilios, hospitales o internamientos en otros lugares adecuados a tal fin, que es un cajón de sastre jurídico donde todo es posible; decretar cuarentenas obligatorias; restricciones de movilidad; confinamientos; controles de los teléfonos móviles; incautaciones de bienes; cierres de empresas; intervención de medios materiales y personales. Todo un repertorio de intromisiones en los derechos humanos y fundamentales de la personas. Una auténtica locura de invasiones en la libertad del ciudadano, que son inadmisibles en un Estado de Derecho, propias de una dictadura. Ni siquiera el Sr. Sánchez se atrevió a tanto. Así las cosas, no debería causarle extrañeza que los llamados negacionistas le digan que se les quiere encerrar en un campo de concentración al estilo de “Auschwitz”, hasta he escuchado últimamente a juristas acuñar esa expresión.

No obstante, déjeme recordarle, sin citar expresamente los artículos infringidos y sus causas, por falta de espacio, las infracciones que puede llegar a cometer como Presidente del Gobierno Gallego: a) Violación del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, suscrito por España; b) Vulneración de más de una docena de artículos de la CE, entre los que se incluyen los derechos fundamentales; c) Infracción de la Ley 41/2002, reguladora de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica, incluido el Consentimiento Informado. Podría seguir, con la transgresión de otras muchas normas, incluidas las penales, pero, usted, sin duda, las debe conocer bien como licenciado en derecho.
En fin, Sr. Feijóo, ante esta invasión de la libertad, la democracia debe desplegarse y echarle el freno a este desatino. Todavía está a tiempo. Esta reforma está en las antípodas de la democracia real. Supone un acto de autoritarismo y de traición a la democracia, además de una palmaria incompetencia. Es una norma que, de aplicarse, supondría la momificación de la libertad y la voladura del Estado de Derecho en mi tierra natal de Galicia. Por todo ello, quiero recordarle lo que decía Mateo Alemán, en Riqueza y Libertad: “Libertad. Loada de sabios, deseada de muchos y cantada de poetas, para cuya estimación todo el oro y las riquezas de la tierra es poco precio”. Así, siempre será para quienes la hemos defendido, también en momentos muy difíciles, y seguiremos haciéndolo.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado

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