200 euros y 4 meses de prisión por negarse a llevar mascarilla en un autobús

El condenado se negó de forma reiterada y recalcitrante a obedecer las indicaciones legítimas de los agentes que tuvieron que hacer uso de la fuerza debida para proceder a su detención y restablecer el servicio de transporte alterado

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Un hombre de origen cubano, aunque con nacionalidad española, ha sido condenado a pagar una multa de 200 euros y a 4 meses de prisión por negarse a llevar mascarilla en un autobús, resistirse activamente a la acción policial y poner en riesgo la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en la Estación de Guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. El autobús de la empresa Global que une el trayecto entre la capital grancanaria con San Bartolomé de Tirajana, no pudo partir hacia su destino a la hora prevista ya que en su interior se encontraba un varón sin mascarilla, incumpliendo las medidas socio-sanitarias impuestas por el Gobierno.

La negativa del pasajero a usar la preceptiva mascarilla, aludiendo padecer asma, provocó un retraso de más de una hora y la intervención en primera instancia de un radio-patrulla del GAC. Pese a las claras instrucciones vertidas sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por parte de uno de los policías, apreciables en el vídeo grabado por otro pasajero, el hombre continuaría con su actitud poco colaborada y desafiante, desobedeciendo de forma recalcitrante y contumaz la orden legítima del agente.

Agotadas todas las opciones del diálogo y con la salud pública en riesgo, la situación requirió la intervención de un equipo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Las Palmas de Gran Canaria que no les quedó más remedio que sacar en volandas al  viajero de origen cubano, sufriendo algunos de ellos rasguños en su brazos, dada la resistencia a la detención ejercitada, siendo finalmente detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad.

Al día siguiente, el autor de los hechos sería puesto a disposición judicial, siendo condenado por la autoridad judicial a cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 200 euros, tras la celebración de un juicio rápido ese mismo día. Una sentencia que para muchos, resultó ciertamente benévola.

Paralelamente, los agentes denunciaron administrativamente al detenido por incumplir la Orden Ministerial que obliga a todo pasajero, salvo causa debidamente justificada,  a viajar en transporte colectivo haciendo acopio de la correspondiente mascarilla. La Delegación de Gobierno en Canarias será el órgano competente de imponer la correspondiente sanción, cuantía que puede superar los 600 euros.

Este tipo de actuaciones en lugares estrechos, como puede ser el interior de un autobús, requiere de una intervención coordinada y decidida de los agentes que la llevan a cabo, en la cual se busca minimizar los riesgos, asegurar la continuidad del servicio interrumpido y efectuar la detención con éxito. Objetivos, todos ellos, solventados por los policías actuantes con sobrada suficiencia y profesionalidad.

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