El servicio de vigilancia de un edificio en Sant Adriá de Besós (Barcelona) no daba crédito a lo que veía. Unos okupas advertían por escrito que emprenderían acciones legales contra particulares o cuerpos policiales si son desalojados de su domicilio.
El escrito del que se adjunta copia, comienza diciendo que “Este es -al menos provisionalmente- NUESTRO DOMICILIO y no tenemos intención de marchar de aquí”. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestiones nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que estimen oportuno”
El escrito continúa hablando de la inviolabilidad del domicilio y del delito flagrante según jurisprudencia del Tribunal Supremo.
No se trata de quitar razones al argumentario expuesto, que presenta solo una visión interesada del hecho. Lo que si evidencia es la dejadez y el pasotismo de la Administración y Gobierno español ante la protección de la propiedad privada.
Los procesos judiciales son largos y costosos, es eso se basa el abuso de la “okupación” de viviendas. No existen medidas inmediatas de carácter judicial para el desalojo. Los procesos se eternizan con grandes costes para el propietario. Se entiende el colapso de los juzgados, la escasez de jueces y el tiempo en resolver conflictos, pero este delito comienza a ser un problema social que necesita un remedio inmediato.
