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La notica saltaba ayer en El Independiente quien anunciaba que la Policía suspende a una agente que se quejó de que no le hacían el test del Covid. Literalmente, el periódico anunciaba que “la dirección castiga a la funcionaria con cuatro días de empleo y sueldo por hacer supuestamente declaraciones a este periódico “sin autorización”.

El Cuerpo impone la sanción sin tener plena certeza de que la agente habló con ‘El Independiente’

La Dirección General de la Policía ha impuesto una sanción de cuatro días de suspensión de empleo y sueldo a una subinspectora que, obligada a guardar cuarentena durante la pasada primavera ante la sospecha de que podía haberse contagiado por coronavirus, se quejó de que el Cuerpo ni le ofrecía asesoramiento médico ni le facilitaba la realización de la prueba para saber si estaba o no contagiada.

La Policía considera que la funcionaria ha cometido una falta leve por haber realizado supuestamente unas declaraciones a El Independiente «sin autorización». El castigo se produce sin que la dirección tenga la certeza plena de que la agente -cuya identidad no se revela en la información- fue quien habló directamente con este diario, que se ha negado a revelar sus fuentes cuando el instructor del procedimiento quiso conocer el pasado verano si se había entrevistado a dicha persona.

En el citado artículo se incide también la falta de pruebas para la sanción; “en vísperas de que este caso se analizara el pasado 10 de febrero en la Comisión de Personal y Proyectos Normativos, este redactor -autor de la información- presentó escrito al instructor en el que le recordaba que acogiéndose a su derecho a no revelar las fuentes se había negado a confirmar la identidad de la persona sobre la que aludía el texto y se preguntaba si lo que realmente buscaba la Dirección General de la Policía era una «respuesta ejemplarizante» que sirviera de aviso para que «no trasciendan aspectos relativos al funcionamiento del Cuerpo”.

 A partir de la difusión de la noticia, las protestas en redes sociales fueron creciendo. Incluso el propio autor, Antonio Salvador, realizó un hilo en Twitter explicando todo:

“Esta sanción es una auténtica aberración y vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que la Dirección General de la Policía acuerda el castigo sin tener constatación fehaciente de que ha sido ella la que ha hecho esas declaraciones”, señala Roberto González, vocal del SUP en el Consejo de Policía y quien ha defendido el expediente para que no sancionaran a esta subinspectora. El sindicato ha confirmado que recurrirá la decisión ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde está seguro de que logrará revocar la sanción.

Un artículo de Gedeón Pérez para h50

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