Según los datos emitidos por el Ministerio del Interior en un informe enviado a modo de respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por parte del Partido Popular, las agresiones a los agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado se sitúan al alza en la primera mitad del año 2023. Una evidencia más de la falta de garantías que existen y los riesgos a los que los agentes están expuestos cada día.
Representantes de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil han denunciado a través del sindicato SUP y asociación AUGC que continúan esperando el día en que se igualen sus condiciones socio-laborales a las del resto de cuerpos policiales, con una jubilación digna y el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, la reclasificación al grupo B, una cadencia fija de turnos de servicio que permita la conciliación laboral y familiar, medios profesionales para ejercer nuestra labor policial con garantías, como chalecos antibalas individuales y pistolas TASER o un reparto equitativo y justo de la productividad con la implantación de servicios extraordinarios retribuidos dignamente.
Existen varios motivos por los que estas cifras son tan elevadas, pero los más comunes son la falta de respeto a los agentes de la autoridad, plantillas mermadas, sensación de impunidad y desprecio a las normas por parte de la población. Además agredir a un agente sale gratis, ya que solo se les sanciona con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros, es una situación insostenible y grave.
La situación de la calle está en una continua evolución. La Guardia Civil y la Policía deben preocuparse por los riesgos diarios que surgen y se afrontan. Cuando la integridad física peligra, la protección de los trabajadores tendría que ser primordial y actualmente no existen chalecos antibalas para un uso individualizado y la dotación de Pistolas Taser no llega todos los puntos de España. Esto pese a que sus cámaras son imprescindibles para obtener pruebas de los delitos e intervenciones. Faltan medios técnicos y materiales para poder realizar el trabajo en números destinos y especialidades.
A su vez, en los últimos años ha habido una reducción en el número de efectivos en muchas fuerzas de policía debido a las jubilaciones tanto voluntarias como forzosas que se han producido. El Gobierno ha respondido de manera lenta en lo que respecta a las tasas de reposición.
Desde AUGC y SUP, llevan años reclamando que se endurezcan las penas y se recupere el principio de autoridad con urgencia para acabar con este lastre de las agresiones contra la autoridad, así como mayor protección jurídica, aumentar penas de atentado contra Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más medios.
“No podemos dejar que cada año las cifras vayan en aumento con respecto al año anterior. Durante el año 2022 las agresiones aumentaron considerablemente con respecto al 2021. Sobre todo, las agresiones físicas sin armas, según las estadísticas que aporta el Ministerio del Interior cada año. Para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica, sino voluntad política para acabar con la discriminación de ser los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada, que se ven abocados a estar en servicio en una profesión que el Gobierno se niega a reconocer como profesión de riesgo, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes quedan excluidos de este reconocimiento”, denuncian desde ambas organizaciones.
