La Confederación Española de Policía (CEP) ha tomado la decisión de no participar en las reuniones que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto mantener con las organizaciones sindicales representativas de Policía Nacional desde hoy mismo, toda vez que la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana anunciada estos días, fruto del acuerdo de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, se ha cerrado de espaldas a los policías, sin contar con las alegaciones y aportaciones de sus representantes y generando un profundo malestar entre los profesionales de la seguridad pública, que consideran que esta iniciativa perjudicará el trabajo policial de una manera considerable.
La ronda de encuentros con los sindicatos -primera desde que el ministro accediera al cargo, en junio de 2018- llega en un momento en el que el conjunto de profesionales de la seguridad pública han percibido que la modificación de esta norma, esencial en su labor diaria, nace con el objetivo de diluir las responsabilidades administrativas de comportamientos incívicos que alteran la convivencia y erosionan el principio de autoridad constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La aparición de fenómenos sociales vinculados al ocio, como el botellón, en los que claramente se emplea mayor violencia por algunos de sus protagonistas o la reiteración en la agresividad desplegada en algunas concentraciones y manifestaciones, así como la existencia de unas cifras de ataques a policías muy por encima de lo aconsejable en una democracia son claras señales de alarma que este Gobierno no solo no ha entendido sino que, en el mejor de los casos, ha malinterpretado u obviado por la conveniencia de la aritmética parlamentaria.
En estas condiciones, con cero interlocución durante tres años con el ministro del Interior, consideramos que asistir a esta reunión sería una falta de respeto hacia nuestros afiliados, que han sido ninguneados en la elaboración de una reforma normativa que afecta directamente a las condiciones en las que desarrollamos nuestro servicio los policías nacionales. Esta actitud llama poderosamente la atención porque en la anterior reforma normativa, la que acabó con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Interior sí que contó con la opinión de los sindicatos y permitió plantear sugerencias y mejoras a los borradores que se manejaron antes de lanzar el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros a su tramitación parlamentaria.
En definitiva, resulta incompatible acercarse a los representantes de los policías nacionales para abrir un canal de interlocución directo con el Ministerio del Interior mientras que, al mismo tiempo, se anuncian reformas legales unilateralmente y se publicita en una respuesta parlamentaria la creación de una Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proyecto que nuevamente sitúa en el foco de la atención pública nuestro trabajo que, debemos recordarlo, es el más sometido a mecanismos de fiscalización y supervisión de todos los de la función pública española, con la actuación de la unidad de régimen disciplinario, la de Asuntos Internos y el permanente control de órganos judiciales y fiscales.
Yo os apoyo fuerza y mucha energía siempre unidos por el bien de todos los ESPAÑOLES