Piden la libre absolución para los 45 policías imputados por el 1-O y no igualarles con los responsables del referéndum ilegal

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La organización sindical exige al director general de la Policía y al ministro del Interior en funciones que defiendan públicamente tanto a los 45 agentes investigados como al resto de policías que prestaron servicio en Cataluña en octubre de 2017

El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL,  ha calificado de nueva falta de respeto a la Policía nacional como institución y a los policías nacionales que prestaron servicio en Cataluña durante el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno en Funciones y líder del partido SUMAR, Yolanda Díaz, de incluir en la futura Ley de Amnistía a los policías nacionales imputados por su participación en el dispositivo policial del 1-O.

Para JUPOL, según ha expresado su portavoz, Ibón Domínguez, “es un despropósito que se pretenda igualar a los policías nacionales que actuaron cumpliendo un mandamiento judicial y en defensa de la unidad de España y del cumplimiento de la Ley y de la Constitución, con los promotores de un referéndum ilegal y de un intento de golpe de Estado con el que pretendían romper la unidad de España”.

Domínguez asegura que “es insolente que la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España “meta en el mismo saco a los delincuentes que intentaron dividir a España con un referéndum ilegal, que a los policías que acudieron allí por una orden política y en cumplimiento de un mandato judicial a defender la unidad de España, la Constitución Española y el Ordenamiento Jurídico” y ha añadido que “es una incongruencia que el Gobierno de España equipare a los defensores de la Ley, el orden y la Constitución con los delincuentes que solo buscan romper España. No podemos tolerar un Gobierno que legisla para sediciosos y delincuentes, mientras desprecia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por lo tanto, desde JUPOL se ha mostrado su “profundo rechazo a la inclusión de estos agentes dentro de la pretendida Ley de Amnistía” y se solicita para ellos la libre absolución, ya que “entendemos que ninguno de estos agentes cometió un delito en el ejercicio de sus funciones el 1-O, sino que cumplieron escrupulosamente la Ley y las órdenes recibidas”.

Ley de Amnistía

El sindicato JUPOL ha insistido en que la Ley de Amnistía que prepara el Gobierno en funciones con los partidos independentistas “supone un ataque directo a la Democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre el garante”.

Del mismo modo, el portavoz de JUPOL ha indicado que “esta Ley supone un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017, que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsado de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte del Gobierno”.

Apoyo institucional

El sindicato JUPOL ha mostrado su hartazgo ante la situación que viven los policías nacionales y los ataques continuos que reciben por parte de las instituciones y ha instado al director general de la Policía, Francisco Pardo y al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska a que “de una vez por todas dejen de ponerse de perfil ante estos ataques y salgan públicamente en defensa de la Policía Nacional como institución y de los agentes que prestaron servicio en Cataluña en octubre de 2017”.

Para JUPOL es intolerable el silencio continuado que han mantenido tanto Marlaska como Pardo durante toda la legislatura permitiendo ataques continuados contra la Policía Nacional por parte de miembros del Gobierno, incluido el propio presidente, que calificó en la tribuna del Congreso, a los agentes desplazados a Cataluña en 2017 como “piolines”.

Es intolerable la falta de respeto continuada que muestran los miembros del gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una falta de respeto que lo único que genera es una debilidad en la imagen de las instituciones policiales y por lo tanto una merma en el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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