La libertad está acorralada

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Cárcel/ Archivo
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En los tiempos tan delicados que vivimos, hay gente que no quiere ver la realidad, así no ve la televisión, ni tampoco lee los periódicos, no quiere hablar de política, se esconde con su música. Son gente acomodaticia que incluso ve bien al populismo emergente rampante en el mundo occidental, permitiendo que triunfe la ideología woke, que supone el secuestro del liberalismo. Les da igual que Sánchez y su coro celestial al más puro estilo bolivariano acaben con la independencia del poder judicial, destruyendo las libertades, lo que supone la quiebra del Estado de Derecho. Como el propio Huxley escribe a Orwell “el ansia de poder se satisface más si la gente ama su servidumbre, de modo que obedezca sin necesidad de azotarla”.

Un buen ejemplo de la mordaza política y económica a la que nos está llevando el gobierno socialista-comunista, que alaba a Maduro, Petro, Evo Morales, Cristina Kirchner o López Obrador, todos ellos pertenecientes al Grupo de Puebla, es la representación del chavismo populista que ha conducido a Venezuela a un PIB de un tercio menor que en 1999, con una corrupción galopante de más 400.000 millones de dólares, un salario mínimo de 4 dólares mensuales (que en el mejor de los casos puede llegar a 100 dólares con el regalo de los bonos para la cesta de la compra), con una producción de barriles de petróleo un 75% inferior a la de hace 25 años, con más de 6 millones de emigrantes  exiliados y las cárceles llenas de presos políticos. Maduro con el Tribunal Supremo a su servicio ha inhabilitado mediante un golpe judicial a la líder opositora venezolana, María Corina Machado Parisca, cuyas expectativas electorales le colocaban en la presidencia del país en las próximas elecciones, que ahora se celebrarán entre marzo y abril, pero sin ella como candidata.

Volviendo a España, el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial celebrado hace unos días ha aprobado por unanimidad una declaración institucional  que denuncia los ataques a jueces que se produjeron la semana pasada en el Congreso de los Diputados durante la votación de la proposición de Ley de Amnistía, han dicho: “Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles”. Añadiendo: “el hecho de que las manifestaciones realizadas por los diputados y diputadas en el libre desarrollo plural de una sesión parlamentaria se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación (…) el respeto  institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado” (…) Existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial, por otra parte” (…) “la independencia de los jueces es una pieza clave en el Estado de Derecho cuya defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”.

Asimismo, el martes la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, por mayoría aplastante, 12 votos a favor por 3 en contra, apreciaron delito de terrorismo en la actuación del prófugo  Puigdemont en el caso Tsunami, respaldando así al Juez Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En dicha reunión la Junta de Fiscales ha estudiado el segundo informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo Hermida que rechazaba la investigación por terrorismo, pero sí por otros graves delitos, aunque en su primer informe sí afirmaba que la participación de Puigdemont consistente en realizar actos con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública podía considerarse como delito de terrorismo. Es decir, cambió radicalmente de criterio tres días después al reunirse con su jefe el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz. Bien decía Sánchez ¿de quién depende la Fiscalía? pues eso, de él.

Así las cosas, la libertad se encuentra acorralada por los poderosos de la Agenda 2030 y más pronto que tarde la libertad de expresión estará prohibida por su ley de la Verdad, ya no podremos escribir lo que nuestro pensamiento nos ilumina. Nos robarán nuestra libertad con maña, pero sin disimulo alguno. Por ello, debemos descubrirlos y sacar a la luz todas las maniobras que utilizan para amenazar nuestra libertad. Claro está que es mucho más cómodo quedarse escondido en la madriguera esperando salir cuando te dejan las alimañas, pero, entonces ya será demasiado tarde. Nos convertiremos en los esclavos del poder más arbitrario de una democracia inexistente, a imagen y semejanza de una república bananera. Como bien dice Raúl del Pozo, todos los socios del Gobierno acusan a los jueces de fabular y a los periodistas de mentir. Esto tiene cada día peor pinta. La libertad está acorralada, cuando la separación de poderes está socavada, sin un poder judicial auténticamente independiente.

Manuel Novás Caamaño | Abogado      

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