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Estamos inmersos en una grave crisis política, social, sanitaria y ahora económica, que desde luego no es el mejor salvoconducto para presentarnos ante la Unión Europea a pedir ayuda económica. En esta situación, desayunamos con la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al anterior Rey Juan Carlos I por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, dimanantes de comisiones supuestamente ilegales cobradas por el AVE a La Meca, aunque de momento no tiene abierta una investigación judicial por la Sala II del TS. Y, curiosamente, esta noticia se exterioriza una semana antes de que se cumpla el sexto aniversario del acceso de su hijo el Rey Felipe VI a la Jefatura del Estado, según el modelo político de Monarquía Parlamentaria establecido en nuestra Constitución.

A tal respecto, siempre he pensado que la Ley debe aplicarse a todos por igual, aunque, en este caso, debe puntualizarse que los indicios tendrían que referirse a hechos posteriores a la abdicación del monarca, es decir, a una etapa en la que carecía de inviolabilidad, recogida en el art. 56.3 en relación con el 64 de nuestra Constitución. También debería quedar claro que el proceso no puede llevar aparejada la tradicional campaña de la extrema izquierda y el separatismo, que al tener los mismos intereses hacen causa común contra la Monarquía Parlamentaria, dado que, como ciudadano, el Rey Emérito también goza de la presunción de inocencia y tampoco le puede ser aplicada la pena del telediario. Por otro lado, deberíamos recordar que Juan Carlos I prestó en su momento un servicio crucial a España, que con la Constitución de 1978 nos ha traído el período de mayor libertad, prosperidad, bienestar y paz de los últimos cuarenta años de nuestra historia. Siempre le deberíamos reconocer su decantación por las libertades y su habilidad para conformarlas después de una dictadura. Pero, repito, si burló la ley habrá de responder ante la Justicia. Ni más, ni menos.

Ahora bien, si tuviéramos que suprimir las instituciones por los  escándalos de corrupción de los hombres que las representan, no quedaría como sistema político una monarquía en pie, pero tampoco una república. Recordemos por un momento los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos los presidentes de repúblicas de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, por citar unos ejemplos. Ya no hablamos de los presidentes de repúblicas del continente americano, sin ya citar a las repúblicas bananeras y totalitarias. Nos quedaríamos sin modelo político de estado mínimamente fiable.

También conviene traer a colación que la organización no gubernamental “Transparencia Internacional” publica desde 1995 el índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de corrupción en el sector público en un país determinado y, curiosamente, en el año 2019 en la lista entre los diez primeros países con el índice de corrupción más bajo se encuentran cinco países cuyo sistema político es como el nuestro, una Monarquía Parlamentaria Constitucional: 1º Dinamarca, 4º Suecia, 7º Noruega, 8º Países Bajos y 9º Luxemburgo. Es decir, nada tiene que ver el sistema político de un estado para que haya o no corrupción.

Dicho esto, con la excusa de escandalizarnos por las supuestas prácticas corruptas del Rey emérito los extremistas de izquierda y separatistas han abierto una causa general contra la Corona, que es el epicentro de su estrategia, la Monarquía Parlamentaria Constitucional. Sí, Constitucional, ya que fue aprobada en referéndum por una mayoría más que abrumadora del pueblo español. Pero, esto no les importa, dado que tienen a la Corona en el punto de mira y esa investigación al anterior monarca les proporciona el pretexto para tratar de desestabilizar a su hijo, nuestro Rey.

Felipe VI hizo todo lo que pudo para apartarse de la alargada sombra de su padre. Lo repudió, le retiró su asignación presupuestaria como rey emérito, renunció a la herencia que le pudiera corresponder, emprendió un espíritu renovador y transparente, además de cumplir con intachable ejemplaridad las funciones de su cargo. ¿Qué más podía hacer? Un hijo no puede sufrir las consecuencias de lo que haga o no su padre. No es culpable. ¡Claro! Pero los independentistas y extremistas nunca le perdonarán el discurso que el Monarca cumpliendo con su deber constitucional pronunció con motivo del intento del Golpe de Estado en Cataluña el 1-O defendiendo la indisoluble unidad de España, como el  máximo símbolo de la unidad de España y de su régimen de libertades, por eso es la diana de sus enemigos.

Si lo dicho hasta ahora no fuera poco, días más tarde en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo todavía alimentó más la inestabilidad cuando a preguntas de una diputada de ERC, manifestó junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente. Posteriormente, insistió en el mismo concepto “estamos ante un debate constituyente”. Eso fue lo que dijo el ministro, que además lo llevaba escrito, por lo que no puede ser un lapsus o una interpretación equivocada, como ahora dicen. Tampoco ya es un globo sonda. Lo manifestó en sede parlamentaria un ministro que es Juez y Doctor en Derecho, además de haber ocupado otros cargos en dicho ministerio y haber sido vocal del CGPJ. No es un lego en materia jurídica. Todo lo contrario un experto jurista y bastante mesurado. Menos mal, que al día siguiente de las declaraciones del Ministro de Justicia, la Ministra de Defensa, también jurista y magistrada del TS, salió en defensa de la Carta Magna, diciendo que siendo fruto de la Transición permitió avanzar a los españoles. También señaló que puede ser modificada, pero sin que pueda desaparecer ese espíritu de convivencia, que pone en común lo que une y deja a un lado lo que separa.

Como decía el escritor Juan Soto, la reconstrucción de un país agrietado por sus cuatro costados exige sacrificio, inteligencia y un compromiso alejado de demagogias, truhanerías y fervorines. Todas las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial hasta la Monarquía, están sometidas a una incesante labor de devastación, a veces inducida por formaciones políticas que asisten indiferentes, sino complacidas, a salvajes ataques contra el régimen de libertades salido de la Constitución de 1978. En efecto, estamos viviendo los momentos más peligrosos de nuestra todavía  joven e inexperta democracia, aquellos que nos pueden llevar al extremismo confrontacional en las calles como ya estamos viendo en sus inicios, ha dicho recientemente César Antonio Molina, ex ministro de Cultura socialista.

Así las cosas, el CIS podrá volver a preguntar por la Monarquía o República, pero incluso en el supuesto de que sus resultados fueran  contrarios a ella y sobre todo creíbles, que ya es mucho decir, lo cierto es que no se puede desmantelar el Estado de Derecho y sustraer el orden constitucional para instaurar por la puerta de atrás otro sistema político. Sería un golpe de autoritarismo, que no tiene cabida en la UE. En este sentido, debo recordar que nuestra Constitución establece los mecanismos de su reforma, simples o agravados, en los artículos 166 al 169. Así, el art. 168 prevé que puede proponerse la reforma del título preliminar, que afecta a la forma política del Estado Español, es decir, a la Monarquía Parlamentaria, con la aprobación de la mayoría de dos tercios de cada Cámara y, en su caso, se procedería a la disolución inmediata de las Cortes, con convocatoria posterior de elecciones generales. Después, las nuevas Cámaras elegidas tendrían que ratificar la decisión y proceder a su aprobación por igual mayoría para posteriormente ser sometida la reforma a referéndum de todo el pueblo español. Esta es la fórmula de revisión de nuestro modelo de Estado. Es la fórmula democrática. Aún así, alguien podría decir, que con este procedimiento previsto en nuestra Constitución sería dificultoso llevar adelante el cambio de sistema político. Puedo estar de acuerdo. Pero a esos les digo que, por el contrario, las Constituciones Francesa e Italiana, por citar algunos ejemplos de nuestro entorno, en sus artículos 89 y 139, respectivamente, señalan que la forma republicana de Gobierno no podrá ser objeto de revisión constitucional. Prohíben expresamente la reforma republicana de gobierno. ¡Vamos! Qué para reformar el modelo político republicano franceses e italianos tendrían que echarse a la calle. Y, sin ley únicamente hay anarquía. Sería una catástrofe. Entonces, les pregunto ¿Cuál es la constitución más moderna y revisable? Contesto, sin duda la nuestra, que admite incluso la revisión de la forma política del Estado, pero siempre respetando el mecanismo de reforma previsto constitucionalmente. Las reglas democráticas.

Concluyo, si no se respetara la Constitución, que es la Norma Suprema que rige nuestros derechos y libertades, se iría en contra de la legalidad vigente aprobada más que mayoritariamente por la voluntad del pueblo español libremente expresada. Se modificaría, en ese caso, la forma de Estado imponiendo la República por la vía de hecho, no de Derecho, dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Un trágala camuflado por leyes habilitantes no podría ser democráticamente aceptado. Y, en ese caso, los ciudadanos tendrían el derecho de resistencia contra cualquiera que intentara derribar el orden constitucional, cuando no fuere posible otro remedio. Precisamente, este derecho lo recoge para los ciudadanos alemanes el artículo 20.4 de la Constitución de la República Federal Alemana. Reitero, si lo que se pretende es sustituir nue  stra monarquía por una república en una España Federal, con Cataluña y País Vasco como Estados asociados, hay que cumplir con lo previsto en la Constitución, que establece el mecanismo de reforma del modelo político de Estado. Si se siguen dichas reglas democráticas de reforma, nada que objetar, cualquiera que fuere el resultado Lo contrario sería mucho más que una ilegalidad. Sería subvertir el orden constitucional. Desde luego, no le arriendo las ganancias a quien lo pueda intentar sin seguir las reglas democráticas, ya que la democracia y la libertad siempre acaban triunfando, sobre todo cuando ya la UE, nuestro paraguas democrático protector, está investigando el uso de las medidas excepcionales durante el estado de alarma en España para determinar si hubo prácticas abusivas que vulneraron las libertades fundamentales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hemos denunciado.

Por último, Señor, Feliz VI Aniversario como Jefe del Estado de España.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado

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1 COMENTARIO

  1. En mi opinión El Estado debería manejarse como un sistema empresarial y no un sistema político, y las condiciones para ser presidentes. Sean la misma que el sistema privado, empezar desde abajo como barrendero. Y subir paso a paso de acuerdo a sus méritos, los accionistas serían como ciudadanos. Y la decisión de las acciones. Revocar o prolongar el mandato de quien lo haga mal o quien lo haga, bien. Ese sentimiento de que el Estado no es de nadie, es lo que ha convertido en cómplices de aguantadores a los ciudadanos. Y al margen existir la Administración Justicia, cuya finalidad sea administrar e impartir Justicia.

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