España, El Salvador de Bukele y el “derecho penal del enemigo”

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Gunter Jakobs ya en 1985 se refirió al “derecho penal del enemigo”, como esas normas penales que en las se sanciona al autor por considerarlo peligroso. Más que un peligro para la sociedad, lo es para el Estado.

Hoy día la mayor preocupación de los Estados, desde el punto de vista de la seguridad, no es el delincuente individual, son las organizaciones delincuenciales. Un asesino, aunque se trate de un serial, no preocupa al Estado, preocupa y alarma a la sociedad. El peligro para el Poder aparece cuando organizaciones atacan o compiten con ese poder estatal. Llegando a rivalizar con el Estado en zonas del mismo, con un poder similar al propio Gobierno. Son las mafias, las Maras, organizaciones o estructuras delincuenciales. Un ejemplo de ello está en las Bandas Latinas, las verdaderas, las situadas en países americanos. No entro en entes legalmente constituidos, grandes compañías … para ellos ya hace años se reformó el Código Penal, acogiendo la posibilidad de delinquir a las personas jurídicas.

Bukele, presidente de El Salvador, se ha propuesto acabar con las organizaciones de pandilleros en su país. No es un tema menor. Son verdaderos “entes paraestatales” que controlan zonas o territorios de ese país. Sus decisiones son tan polémicas como efectivas. Ha construido una cárcel especial para ellos.

El CECOT fue creado para recluir a una parte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso de Bukele. Se trata de una respuesta a la escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, pero es algo más; es una respuesta a un ataque a las estructuras de poder estatal, es una guerra. 

Una megacárcel en 166 hectáreas de terreno, 23 de las cuales albergan ocho pabellones dentro de un muro de cemento de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

Una cárcel sin comodidades, donde los presos duermen en laminas de hierro para evitar altercados, militarmente controlados, en las imágenes que de forma metódica se proyectan al exterior, aparecen en ropa interior y descalzos. Custodiados y controlados bajo un sistema militar de 1200 hombres armados. No son reclusos, son prisioneros.

Aparecen y se presentan como sumisos y obedientes al dictado de los guardias armados y uniformados. 

Es una “guerra” del Estado contra un ente paraestatal y así hay que analizarlo. Sólo si lo analizamos desde la óptica del Estado de Derecho aparece la controversia y ese es el error.

Son medidas drásticas para situaciones límite. El Estado se defiende de sus “enemigos”. Los Derechos Fundamentales, la justicia son poco importantes en un conflicto bélico. En un conflicto armado son las mínimas normas de derecho internacional las que deben cumplirse; respeto a la vida de los prisioneros”, mínimas condiciones… reitero, es una guerra.

En España algunos delincuentes de bandas organizadas siguen dirigiendo las mismas desde las cárceles. La situación social, el concepto constitucional de reinserción y sobre todo que aún no son “enemigos del Estado”, impiden copiar el efectivo método ya inventado y aplicado por Bukele. Los Estados europeos no ven en peligro su poder… aunque los ciudadanos de algunos barrios vivan con miedo. Los derechos de los delincuentes están por encima de ese miedo social.

No pidan cambios cuando el poder del Estado no está en peligro, por mucho que en algunos lugares de este país ya no se pueda aparcar el coche o caminar tranquilamente.

Gedeón Pérez

1 COMENTARIO

  1. Algo se tiene q hacer. Es preferible utilizar la prisión preventiva d manera sistemática a dejar a muchisimos pandilleros en libertad xq la justicia NO DA A BASTO

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