Aprobada en el Senado la moción por una #InsularidadDigna en Baleares con la abstención en la votación de PSOE y el PNV

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En el día de ayer se aprobó en el Senado, y con la abstención en la votación de PSOE y el PNV, la moción del Partido Popular para aumentar el plus de insularidad de los funcionarios estatales destinados en Baleares. Una moción defendida por el senador Critóbal Marqués y promovida desde la plataforma intersindical #InsularidadDigna. Cristóbal Marqués remarcaba en sus redes sociales el orgullo que sentía por la aprobación de esta iniciativa, a la vez que señalaba al PSOE de las Islas Baleares con la Presidenta del Govern Francina Armengol a la cabeza, “siguen dando la espalda a baleares y sus ciudadanos”.

La plataforma #InsularidadDigna trata de visibilizar la problemática que viven los ciudadanos de Baleares, quienes padecen unos pésimos servicios públicos estatales debido a la falta de recursos humanos y materiales.

La unidad intersindical ha estado presente, con una amplia representación en la Cámara Alta, en la presentación y votación de la moción presentada por el Partido Popular en la que se busca mejorar la provisión de plazas de empleados del sector público estatal en las Islas Baleares. Todo ello con la finalidad de que estas se conviertan un destino profesional estable y con arraigo. Un destino que no se vea dificultado por los costes crecientes derivados de la insularidad.

Se pretende favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como sucede en las Illes Balears, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de cuantías de la indemnización por residencia se consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo redundando en un mejor y mayor servicio a los ciudadanos.

Así, el pleno del Senado ha instado en su resolución al Gobierno para que durante el año 2023 la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Islas Baleares sea dotada con un mínimo de 18 millones de euros adicionales para este año. Asimismo, solicita al Gobierno a realizar un estudio económico sobre los costes reales que nos supone a los empleados del sector público estatal realizar sus funciones en las Islas Baleares para poder actualizar la indemnización por residencia y ajustarla a la realidad.

“Solo queda esperar que, ante el clamor de todas instituciones, tanto nacionales como europeas, el Gobierno de España cumpla con los mandatos constitucionales y acabe con la desigualdad que vienen los ciudadanos de las Islas Baleares”, remarcan desde la plataforma intersindical.

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