Análisis h50| El conflictivo desalojo de los okupas de Majadahonda solo pudo realizarse por orden judicial

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Los “okupas”, aparte de delincuentes, son “expertos”. Saben que sin orden judicial no se les puede lanzar o desalojar. Por ello en ocasiones negocian con el único objetivo de sacar dinero al propietario, que además debe pagar a la empresa que contrata, debe satisfacer sus demandas para salir. La lentitud de la justicia es el problema real de la okupación. Si las decisiones judiciales con ordenes de lanzamiento fuesen inmediatas se acabaría el problema.

Así sucedió con el edificio okupado de Majadahonda que ha sido desalojado la madrugada del domingo sin incidentes y con cinco detenidos. Un operativo formado por 150 agentes del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil) y 30 efectivos de la Policía Local han participado en el desalojo del edificio de lujo. El juez había ordenado el pasado viernes el desalojo inmediato, hecho que han llevado a cabo los Cuerpos de Seguridad.

El miércoles 12 se enfrentaron en una violenta pelea, miembros de una empresa contratada por el propietario y unos 21 okupas, según fuentes de la empresa. 20 marroquíes y un africano. El resultado fue una batalla campal. Al no existir orden judicial los okupas se resistieron a salir del edificio.

Con orden judicial que decretó la medida provisional de lanzamiento, la madrugada del domingo la Guardia Civil no tuvo problema en ejecutar la misma.

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