Un preso conflictivo arremete contra funcionarios de prisiones a patadas y puñetazos tras negarse a ser identificado

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Este martes se ha producido un incidente de nuevo en el Centro Penitenciario de Zaballa (Álava) en la que han sido agredidos dos funcionarios de prisiones por un interno al que se le acababa de conceder el tercer grado. 

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha detallado a h50.es estos violentos hechos que comenzaron ante la negativa del interno a seguir las condiciones de este régimen de semilibertad. El individuo en cuestión, regresó en menos de 24 horas al CP de Zaballa, y con gran alteración y agresividad procedió a insultar a los funcionarios y amenazarles de muerte.

En el momento del ingreso y en el proceso de identificación empezó a agredirles propinándoles patadas y puñetazos a los dos funcionarios para que no se pudiera realizar la identificación que es necesaria para el ingreso en el centro penitenciario. Se trata de un interno con numerosos conflictos desde su ingreso en prisión y que tuvo un altercado en el piso de acogida, así como en el traslado con la Ertzaintza.

Desde APFP no dudan en relacionar estos episodios con el tan alabado “nuevo modelo de tratamiento individualizado”, en el que se favorece el tercer grado hasta conseguir un 40 % de los internos con condenas de menos de 5 años pasen a cumplir sus condenas en semilibertad, obviando cuando no se está preparado para vivir esta etapa a la cual se accede después de mucho trabajo por parte de los internos y labores de reinserción y reeducación por parte de toda la plantilla de un centro penitenciario.

“Todo esto crea entre la sociedad una sensación de peligrosidad por este incremento en la concesión de terceros grados no estando preparados para ello y ha hecho creer entre la población penitenciaria que se les va a dejar en semilibertad próximamente”, denuncian los representantes de los trabajadores.

Desde APFP exigen a la CAE que dediquen más esfuerzo en crear y organizar la Relación Puestos de Trabajo, y no precarizar las condiciones laborales de la plantilla de los centros creando diferencias entre trabajadores, modificando horarios, y ofertando jornadas extraordinarias mal remuneradas, además de proporcionar medios materiales adecuados y la condición de agente de la autoridad a los profesionales penitenciarios

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