Indignación en la Policía Nacional de Pontevedra, que tras haber detenido a un vecino por delitos de desobediencia y robo han visto como el Juzgado de Instrucción 2 de su ciudad ha decretado su puesta en libertad, oponiéndose así al criterio aplicado hasta el momento respecto a las violaciones de la obligación de confinamiento impuesto por el estado de alarma.
En su auto, el magistrado decreta la puesta en libertad del acusado de desobediencia y defiende que el hecho de romper varias veces la prohibición de circular por la vía pública ni es delito ni es, automáticamente, desobediencia, y argumenta que para cometer delito tienen que confluir dos circunstancias:
- Que se desatienda un aviso previo de los agentes.
- Que la conducta mostrada al incumplir el mandato de las Fuerzas de Seguridad sea grave.
El magistrado señala que el hecho aislado de saltarse la orden de permanecer en casa en distintas ocasiones no tiene por qué implicar que se esté delinquiendo.
El pasado miércoles la Policía Nacional localizó a este varón tras intentar un robo en una farmacia y ejecutar otro en un supermercado de la ciudad pontevedresa, pudiendo comprobar como intentó realizar otros robos en diferentes supermercados esa misma tarde.
Este ciudadano de 43 años y con antecedentes policiales se habría saltado el confinamiento decretado por el Real Decreto del estado de alarma en 14 ocasiones desde el pasado 24 de marzo, seis de ellas en un mismo día, y en los últimos días fue identificado y detenido por varios robos.
La dotación policial tras comprobar que se trataba de un pontevedrés que había sido propuesto para sanción por quebrantamiento de la orden de confinamiento en 14 ocasiones, y seis de ellas en un mismo día, lo detuvo por robo y a mayores por desobediencia al no cumplir con el confinamiento de manera reiterada, momento en el que el ya detenido opuso gran resistencia a los agentes, profiriendo insultos hacia los mismos y causar daños al vehículo policial.
Indignación en el colectivo policial con la resolución judicial
Ante esta resolución judicial el malestar ha crecido en el colectivo policial, y muestra de ellos son las palabras de Carlos Rodríguez secretario provincial de la Unión Federal de Policía en Pontevedra -UFP, el cual deja constancia del mal ejemplo dado a la población con la libertad con una persona identificada como autora de diferentes robos e intento de otros, que desobedece reiteradamente la obligación de confinarse como el resto de sus vecinos, que se resiste e insulta a los policías, y que a mayores ocasiona daños en un vehículo policial que se costea con el dinero de todo.
“Es una decisión que da alas a la población que incumple y no hacen más que dividir y dejar en el aire el esfuerzo realizado por los policías que se la juegan en la calle”
“Y es que desde los sindicatos y asociaciones policiales intentamos, hoy más que nunca, defender a un colectivo escaso de material y medios de protección para luchar contra la delincuencia y vigilar que se cumpla el decreto del estado de alarma por el coronavirus, y necesitamos para ello el apoyo riguroso de los jueves y fiscales”.
Como informa uno de los medios de referencia de esta ciudad pontevedraviva.com, este pontevedrés detenido es un viejo conocido de la Policía Nacional durante el estado de alarma. El cual, el pasado 7 de abril fue identificado por un delito leve de hurto en un supermercado de la ciudad a las 21.00 horas ese mismo día, a las 21.40 horas, el detenido fue identificado nuevamente por un delito leve de hurto en una farmacia y a las 22.40 protagonizó un altercado con una mujer a la que le propinó un empujón y un tirón de pelos. Finalmente, fue detenido por un robo con violencia.
¿Por qué decretó el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra su libertad?
El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra decretó su puesta en libertad y dictó un auto en el que rechaza la posibilidad de que se pueda entender como cometido un delito de desobediencia por infringir la prohibición de circulación por la vía pública.
“La observancia de las normas generales no puede dar lugar más que a cumplimientos o incumplimientos, no a delitos de desobediencia”, “solo se desobedece un mandato concreto. La norma general, aunque introduzca prohibiciones, no es susceptible por sí misma de ser desobedecida en este sentido penal”. Para que sea delito, la desobediencia debe ser grave.
“Que una persona sea denunciada varias veces no supone que necesariamente debamos entender que comete delito”, el juez considera que faltarían aún elementos para saber si se cometió o no el delito y la investigación se debe continuar.
El fiscal pedía su ingreso en prisión para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos
El fiscal pedía su ingreso en prisión, interpretando de forma restrictiva la posibilidad de ingreso en prisión provisional para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos, si bien el juez lo rechazó apelando al Tribunal Constitucional, ya que para fundamentar la prisión provisional en ese riesgo “debe existir una posibilidad concreta de que exista un determinado hecho que se puede afirmar como de muy probable comisión”.
En este caso el Juez , afirma que no existe una “concreta previsión” de actos determinados que podrían ser cometidos nuevamente por el investigado. Sí bien, reconoce que existe una “sospecha muy razonable” de que puede que vuelva a incumplir las normas generales, pero no de un concreto acto que se pueda prever y que tenga naturaleza de delito. A mayores, asegura que tampoco observa habitualidad, pues dado el tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de alarma “resulta difícil afirmar que un acto pueda llegar a adquirir carácter de hábito”.
El juzgado fundamentó su decisión de rechazar la prisión provisional solicitada por el fiscal en que la imputación “no es sólida”, pues detectó imprecisiones en el atestado policial sobre el total de denuncias y el número de hechos en los que supuestamente estuvo implicado el sospechoso.
“Tampoco consta si fueron realizados requerimientos, ni siquiera si algunas de esas denuncias responden a un mismo momento, dada su cercanía en el tiempo”, recalcando el juez que el delito por el que está investigado el detenido “tiene una pena de multa y otra alternativa de prisión de tres meses a un año, por lo que está muy lejos de los límites generales de la medida cautelar de prisión provisional”.
