El investigado, que en poco más de un mes ha infringido en dos ocasiones la orden de protección, aseguró que si queda en libertad volverá a acercarse a ella
La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona decretó este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un condenado por delitos de violencia de género por haber quebrantado la orden de alejamiento y comunicación de su expareja.
En el auto, que puede ser recurrido, la magistrada considera que no hay otra medida para proteger a la víctima, que está embarazada de cinco meses.
El investigado, que permanecerá en prisión hasta la celebración del juicio, aseguró que si queda en libertad volverá a quebrantar el alejamiento.
En la comparecencia celebrada ante la juez, el Ministerio Fiscal y la letrada del Servicio de Atención a la Mujer solicitaron el ingreso en prisión del encausado. El abogado defensor, por su parte, interesó que quedara en libertad provisional y sin fianza.
El imputado, según explica la magistrada en la resolución judicial, fue condenado por un delito de violencia de género hace poco más de un mes. En este lapso de tiempo, ya se han incoado dos atestados por supuestos quebrantamientos en Pamplona de la pena de alejamiento y la prohibición de comunicación.
En uno de ellos, el que origina el presente procedimiento, el encausado no solo se acercó a la denunciante a menos de 300 metros, sino que la agarró en contra de su voluntad y le habló.
Para la juez, esta conducta acredita que la pena impuesta “no ha sido suficiente para proteger a la víctima”.
Asimismo, resalta que la valoración policial sobre este asunto es de riesgo “extremo”. Al respecto, indica que los policías que acudieron en auxilio de la denunciante se encontraron al hombre en las inmediaciones.
Por todo ello, la magistrada asegura que resulta “evidente que no existe otra medida menos gravosa para evitar la reiteración delictiva” y la protección de la víctima que la prisión provisional, ya que el propio investigado reconoció los hechos —no es el primer quebrantamiento— y, además, admitió que tiene la ubicación del móvil de la denunciante sin su consentimiento.
