Policías y guardias civiles exigen una mejora de las dietas para alojarse y comer durante sus desplazamientos

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La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclaman al Gobierno que convoque de inmediato y sin excusas la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado con el objetivo de actualizar los importes de las dietas que perciben los policías nacionales y guardias civiles -así como el resto de funcionarios estatales- para alojarse y comer durante sus desplazamientos.

Este compromiso, que figura en el apartado noveno del Acuerdo firmado por el Ejecutivo con los sindicatos UGT y CCOO el pasado 19 de octubre, permitiría, de llevarse a efecto, alcanzar una reivindicación histórica de CEP y AEGC para dignificar esas indemnizaciones que percibimos los profesionales de la seguridad pública, congeladas desde su última actualización, hace diecisiete años.

En este sentido, hay que recordar que esas cuantías -fijadas en mayo de 2002 y testimonialmente actualizadas en diciembre de 2005- solo cubren 28,21 euros diarios para pagar desayunos, comidas y cenas cuando los agentes se ven obligados a desplazarse por motivos profesionales fuera de su plantilla; y que, por otra parte, el dinero que se les asigna para cubrir el gasto por alojamiento es de 48,92 euros diarios. Estas cifras, nunca mejoradas por ningún Gobierno pese a ser bochornosas, obligan a los compañeros a realizar auténticos milagros en cada operación policial o servicio que deben ejecutar fuera de sus demarcaciones, tanto para encontrar hoteles a esos precios como para poder costear todas sus comidas. Y afectan, además, a un colectivo, el de los policías nacionales y guardias civiles, que es el que, por motivos evidentes, más se desplaza durante todo el año, muy por encima de cualquier otro de la Administración General del Estado.

En junio de 2021 CEP ya reiteró esta medida tan necesaria al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la Dirección General de la Policía. El primero ni siquiera respondió, en una
muestra de su escasa sensibilidad con los problemas que más afectan a los policías en su
trabajo diario. Por su parte, AEGC ha reclamado también esta medida en el Consejo de la Guardia Civil. Sin embargo, ha tenido que ser la firma del citado Acuerdo la que contemple ese posible avance, plasmado como el compromiso del Gobierno para “la actualización de los importes de los gastos de desplazamiento consecuencia de la actividad de prestación de servicios”.

El propio documento sitúa esa medida en el horizonte temporal de 2022 y 2023. Pese a ello, en CEP y AEGC entendemos que es una necesidad imperiosa, urgente e inaplazable que debe ejecutarse ya para no seguir sometiendo a los policías y guardias civiles a unas condiciones humillantes e indignas en sus desplazamientos.

El incremento de los precios en dos sectores tan sensibles a modificaciones alcistas como el de los alojamientos y la hostelería ha sido una de las cuestiones más denunciadas por CEP y AEGC en estos años. Y es que desplazarse a reforzar la seguridad o a realizar investigaciones en determinadas zonas de España -sobre todo, costa e islas; pero también cualquier gran ciudad- se ha convertido en un calvario para muchos compañeros, que ya tienen otros problemas adicionales, como ocurre en las Islas Baleares, para encontrar alojamiento a precios que no arruinen su economía doméstica.

Hacemos un llamamiento, por tanto, a que el Gobierno no demore ni un solo minuto la materialización de esta medida. No hay tiempo que perder en la dignificación de las condiciones de trabajo de los servidores públicos que protegen vidas y bienes y garantizan el ejercicio de derechos. Es la hora, en definitiva, de una apuesta real que incremente sensiblemente las indemnizaciones por razón de servicio después de 17 años estancadas.

Además, desde CEP y AEGC reclamamos también al Gobierno de Pedro Sánchez que active de inmediato la cláusula segunda del citado pacto con los sindicatos de clase, que señala que las Administraciones Públicas apuestan “por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales” y que se someterá a negociación colectiva en el foro correspondiente, dejando atrás la actual de 37 horas y media, que en Policía Nacional se implantó ya en 1989. En este sentido, el ministro del Interior tiene una oportunidad de oro para incorporar esta nueva jornada a nuestros Cuerpos, coincidiendo además este posible avance con los trabajos de una mesa de negociación sobre esta materia en el seno del Consejo de Policía que podría igualmente abrirse a Guardia Civil en su ámbito asociativo específico. De no hacerlo, sería otra negativa más al avance y dignificación de los derechos en nuestras profesiones.

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