La Confederación Española de Policía (CEP), ante el anuncio de la inminente tramitación parlamentaria de una Ley que exima al colectivo independentista catalán de las consecuencias penales de las acciones vinculadas al intento de referéndum de 2017 y a las posteriores iniciativas que trataron de desbordar por la fuerza o por los hechos consumados el marco constitucional de convivencia, cree necesario recordar que ni todas las amnistías del mundo podrán protegerles frente al ridículo que hicieron el 1-O.
En este sentido, ninguna norma podrá dignificar una astracanada que no logró sus objetivos, la independencia, y que generó una ruptura de la convivencia entre españoles por el deseo de unos pocos de imponer un proyecto político sorteando el principio de legalidad, retorciendo los mecanismos parlamentarios y provocando escenas de violencia y tensión en las calles.
En este sentido, desde CEP remarcan que tienen claro que el Estado de Derecho se mantiene en vigor, atento a cualquier intento de ruptura del marco de convivencia que configuran tanto la Constitución Española como el resto de la arquitectura jurídica de nuestra democracia. Así, “el mensaje que todas las instituciones lanzamos a los independentistas catalanes no puede ser otro que el de firmeza democrática, aplicación del principio de legalidad y sometimiento a las decisiones de los jueces y fiscales, que en la Policía Nacional respetamos escrupulosamente en nuestro quehacer. Una amnistía, en definitiva, no protege a nadie frente a responsabilidades penales futuras”.
Indican que sin cuestionar la legitimidad política o jurídica de un acuerdo como el que pondrá en marcha el proceso parlamentario para tramitar esa Ley de amnistía, “puesto que esa no es una competencia nuestra, en CEP sí tenemos claro que alterar las reglas de juego del Estado de Derecho constituye una medida excepcional que traslada un mensaje perjudicial para el trabajo policial. Trabajo, por cierto, que hoy queremos defender en Cataluña pese a los reiterados intentos de los partidos nacionalistas de excluir a las Fuerzas de Seguridad del Estado del ámbito de la seguridad pública”.
Desde CEP reiteran su apoyo a todos los policías nacionales investigados en procesos penales en Cataluña por las intervenciones del 1-O y reclaman que nadie les convierta en moneda de cambio para legitimar o dignificar un acuerdo político ajeno a sus misiones constitucionales.
Si alguien no delinquió fueron ellos, que defendieron la Constitución Española y el Estado de Derecho, cumpliendo órdenes de jueces y fiscales. Hoy, como ayer, su dignidad y profesionalidad se mantienen intactas y merecen todo el reconocimiento de la sociedad española.
Finalmente, reclaman al Gobierno que refuerce y potencie la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, como servicio público de primer nivel frente a todo tipo de amenazas contra la seguridad ciudadana. Más recursos humanos, mejores retribuciones, instalaciones modernas y suficientes medios materiales constituyen una imperiosa necesidad para que nuestra contribución a la seguridad de los catalanes y del resto de ciudadanos españoles siga siendo decisiva, pese al ruido político.
Dos cosas muy claras, absolutamente nadie se puede permitir el lujo de reprochar nada sobre el trabajo del CNP y no entiendo porque a los radicales catalanes se les puede conceder ningún tipo de privilegio. Un trabajo bárbaro y de primera en Cataluña