La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana va camino de convertirse en una auténtica pesadilla para las empresas y los responsables de establecimientos comerciales que son víctimas de miles de delitos de hurto que se registran cada día en el panorama nacional.
El popurrí legislativo que plantea hacer realidad el idilio entre PSOE y Unidas Podemos podrá obligar a que los policías que intervienen en el escenario donde se ha cometido un ilícito penal trasladen al delincuente a dependencias policiales y, a continuación, lo devuelvan al mismo punto en el que se encontraba la víctima a la que han causado un perjuicio.
Según las estadísticas gubernamentales el hurto es el delito más habitual en España. Consiste en un modus operandi en el que los delincuentes se apropian de efectos de forma ilegítima sin emplear fuerza ni violencia. Muchos delincuentes son cautos a la hora de robar y procuran que el valor de lo hurtado sea inferior a los 400 euros para que el tipo penal se califique como “hurto leve” y de esta forma evitar ser detenidos.
En miles de estos casos, el delincuente se encuentra indocumentado por lo que la actuación policial se limita al traslado del delincuente a dependencias policiales donde se inician las gestiones pertinentes para proceder a su identificación. De esta forma estarán todas las partes implicadas correctamente filiadas y el instructor de las diligencias procederá al señalamiento de Juicio inmediato por delito leve entregándose citaciones a cada una de las partes implicadas.
La reforma que plantea el Gobierno plantea en este punto tres graves inconvenientes:
- Limitar de seis a dos horas el tiempo para trasladar a una persona indocumentada a comisaría e identificarla.
- Condicionar la veracidad de las actas y atestados policiales
- Devolver al infractor a su punto de origen
Nos centraremos en este último punto ya que, además de reducir 1/3 el tiempo para la gestión policial de identificación, a partir del momento que se apruebe esta reforma los agentes pasarán de realizar labores policiales a labores de taxistas viéndose obligados a trasladar al delincuente al mismo lugar donde ha cometido la infracción y donde se encontraría la presunta víctima del delito obligándola a a un nuevo cara a cara con el ladrón.
Con este tipo de traslados incluso se podría incitar de nuevo a que el infractor trate de repetir la misma acción delictiva que con anterioridad se vio frustrada y no se pudo ejecutar. La situación que puede desencadenar para los comerciantes estos traslados podría ser nefasta y totalmente desamparada de cualquier modo o forma de actuar en prevención de un delito fomentando la inseguridad e generando escenarios tal surrealistas como que la propia policía sea la que incita o facilita la comisión de un hecho delictivo.
Por otro lado, habría que mencionar el daño para propia víctima o perjudicado responsable del establecimiento, ya que con el pago de sus impuestos sufragaría estos traslados del delincuente al mismo punto en el que unos minutos antes solicitó la presencia policial para que acudiese en su auxilio al haberse cometido un robo.
Una medida que por si fuese poco no tiene en cuenta la falta de efectivos policiales ni la carga de trabajo que soportan las comisarías teniendo que invertir tiempo y esfuerzo para “pasear a de delincuentes” en vez de servir a los ciudadanos continuando con su labor de garantizar la seguridad de todos.
Si comete un delito leve y va indocumentado, se procede a su detención por delito leve. No se le traslada a efectos de identificación. Por tanto, no vuelve!