Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil -IGC- ha reiterado en las distintas reuniones mantenidas con la Dirección General de la Guardia Civil que el aumento de la criminalidad es consecuencia de la falta de medios humanos y materiales para combatirla, si bien, han tenido conocimiento que por parte de las autoridades competentes, se ha tomado la decisión de implementar en determinados núcleos rurales, y a modo de proyecto piloto de una serie de dispositivos electrónicos virtuales de inteligencia artificial (IA) que permitan que los ciudadanos puedan autogestionar determinadas acciones realizadas por agentes de la Guardia Civil tales como denuncias, actuaciones relacionadas con licencias de armas… las cuales se hacen de forma presencial en la actualidad.
Remarcan que, el proyecto piloto, del cual no han sido informadas las asociaciones profesionales de guardias civiles a través del Órgano del Consejo de la Guardia Civil, tendrá un coste de medio millón de euros. Y denuncian que esto podría suponer el “principio del fin” para la seguridad ciudadana ya que una máquina no podrá sustituir la formación y experiencia adquirida que tiene un agente de la Guardia Civil y tampoco permitirá atender a las necesidades y las circunstancias particulares del ciudadano.
Señalan que, además, dada la naturaleza de las localizaciones rurales de la España vaciada en las que se instalarán estos dispositivos, se añade el hándicap de la realidad social de esos territorios, en los que la media de edad de la población es muy elevada, y por consiguiente los potenciales usuarios van a tener una grave dificultad para relacionarse y confiar en una máquina.
“Estos hechos suponen un parche para la seguridad ciudadana y pone de manifiesto, una vez más, que la plantilla actual de la Guardia Civil no es capaz de garantizar la seguridad de todo el territorio, y muestra de ello es que la criminalidad ha aumentado en los últimos tiempos sin que se adopten medidas de urgencia por parte de las Autoridades competentes”.
Desde IGC apuntan que “no debemos olvidar que es responsabilidad de un Estado de derecho el garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin distinción, ya sea en grandes urbes o en la llamada “España vaciada” con una policía de calidad con una buena formación y con unos medios materiales y humanos adecuados que permitan realizar las misiones encomendadas con todas las garantías, tanto para los propios agentes como para los ciudadanos”.
