Las solicitudes de protección internacional siguen desbordando los recursos policiales en Barajas, habiéndose registrado en enero tantas con la mitad de todas las del año pasado

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La crisis por el aumento exponencial de solicitudes de protección internacional que se presentan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantiene, con una cifra de peticiones registrada en enero de 2024 que es igual a casi la mitad de todas las del año pasado, en lo que supone un nuevo récord que exige un plan policial mucho más ambicioso y que ya supera claramente tanto a los dos comisarios responsables del puesto fronterizo como a la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid, de la que depende esa unidad.

En las cuatro salas que acogen a esos solicitantes -las dos iniciales, en las Terminales T1 y T4S, y las dos de refuerzo abiertas durante esta crisis, en la T2- siguen esperando los trámites de ese procedimiento más de 240 personas, siendo la mayor parte de ellas, en torno al 65%, senegaleses. Hay que recordar, en este sentido, que para frenar esa llegada anómala de peticionarios de asilo, y tal y como reclamó CEP en su día, se ha activado la obligación de contar con un visado de tránsito aeroportuario (VTA) para los ciudadanos de Kenia, desde el 20 de enero, y para los de Senegal, que se materializará el 19 de febrero.

Las compañías aéreas que operan vuelos con salida desde el aeropuerto marroquí de Casablanca han activado ya las medidas para frenar esos flujos migratorios, como consecuencia de la petición de las autoridades españolas, y eso se ha notado en la cifra diaria de peticiones de asilo, que ha descendido significativamente hasta unas pocas decenas al día. Sin embargo, desde CEP entienden que el Ministerio del Interior tiene que adoptar nuevas medidas para activar visados de tránsito aeroportuario para otros países, cerrando así definitivamente el efecto llamada que pueda haberse generado.

Por otra parte, la situación generada en el aeropuerto con la salida de la Cruz Roja y la dejación de sus labores asistenciales ha obligado a la Policía Nacional a asumir cometidos humanitarios que ni le corresponden por competencia ni por disponibilidad de medios. Nos referimos a la entrega de medicinas y comidas, la distribución de material de aseo, el ordenamiento de las personas internas en esas salas o incluso la asignación de medios de limpieza para las salas.  Reiteran desde el sindicato CEP, el llamamiento a la Cruz Roja para que cese en una actitud de clara insumisión y dejación de funciones. “No es de recibo que una institución así salga huyendo de una crisis humanitaria cuando sus cometidos se deben hacer en un entorno que les resulta incómodo”.

En todo este escenario, ha sido la Comisaría General de Extranjería y Fronteras la que ha debido asumir el liderazgo en la gestión de una crisis que ha sobrepasado ampliamente las capacidades de los dos comisarios del puesto fronterizo del aeropuerto y del jefe superior de Policía de Madrid.

Denuncian que todos ellos conocían -o debían hacerlo- que desde el verano del año pasado se estaba gestando una situación potencialmente explosiva, con el aumento reiterado y sostenido de esas peticiones de asilo en frontera, por parte de ciudadanos que llegaban desde Casablanca en tránsito a Madrid, en vuelos con destino a países sudamericanos, y que una vez en nuestro país solicitaban protección internacional, abriéndose así un procedimiento administrativo que les permite permanecer en España hasta que se sustancie.

Siendo eso así, CEP denunció en diciembre del año pasado que se estaban superando ampliamente las capacidades de las dos salas del aeropuerto destinadas a acoger a estos solicitantes y que eso derivaba en una situación de riesgo para los policías, tanto por la clara inferioridad en la que se estaban realizando las custodias -llegó a superarse la cifra de 400 personas en las salas en enero de este año- como por los riesgos para la salud de los compañeros por la presencia de chinches. Eso llevó a que se produjesen dos fugas y a que fuese necesario desplegar efectivos de unidades especializadas en orden público, como la UIP o la UPR.

Frente a esa imprevisión, remarcan que se debe reconocer el trabajo excepcional de los policías destinados en el puesto fronterizo, en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que están realizando un esfuerzo titánico para realizar cientos de entrevistas de asilo de lunes a domingo, como parte del refuerzo desplegado para hacer frente a esta situación. Apunta que esa excelente labor, así como la del resto del puesto fronterizo y la de la UIP y la UPR, debería tener el respaldo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que el año pasado sólo asignó 10 condecoraciones para un puesto fronterizo en el que trabajan más de 800 policías y que sólo tramitó una media de dos felicitaciones públicas por agente, en lo que constituye un ejemplo deplorable de racanería en el estímulo del trabajo de los policías.

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