Las piezas fueron intervenidas en un museo de titularidad privada y, además de estas 37 piezas procedentes de expolio, se han intervenido otras 18 piezas falsificadas.
Agentes de la Policía Nacional han recuperado 37 piezas arqueológicas de gran importancia, procedentes de expolio, junto a otras 18 piezas falsas que se encontraban en el museo de una fundación privada en la provincia de Tarragona. Además, los investigadores han detenido a una persona como presunto responsable de delitos contra el patrimonio histórico, receptación y sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
El pasado mes de junio de 2021 fue intervenida en un museo tarraconense una escultura de un toro de origen íbero procedente de un expolio cometido en la provincia Córdoba a finales de los años 90. Durante esta actuación, los investigadores repararon en que en el museo se exhibían bienes arqueológicos que por su apariencia podrían proceder igualmente de expolio arqueológico. Estas sospechas dieron pie a la apertura de una investigación para aclarar el origen de los mismos.
Como resultado de las pesquisas policiales los agentes se incautaron por mandato judicial de un total de 55 piezas entre las que se encontraban esculturas íberas, fragmentos de un mosaico romano y otros objetos de origen celtibérico. Estos últimos fueron trasladadas a Zaragoza para su estudio por técnicos del Gobierno de Aragón, mientras que el resto fueron analizadas por expertos designados por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Las piezas intervenidas
Entre los efectos aprehendidos destacan por su importancia cinco cascos; dos romanos de tipo montefortino y otros tres de origen celtibérico. Estos últimos son piezas icónicas vinculadas con el expolio de la conocida ciudad celtibérica de Aratis (Aranda del Moncayo, Zaragoza) y su entorno más inmediato. Dos son cascos hispano-calcídicos, datados aproximadamente en el s.III a.C y similares a los depositados en el Museo Provincial de la capital aragonesa tras sentencia 335/2010, de 19 de junio de 2020, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El tercer casco celtibérico, una variante única del tipo Alpanseque – Almaluez, cuya cronología se sitúa entre los siglos IV y III a.C., es también una pieza de extraordinario valor arqueológico.
Procedentes igualmente de la ciudad celtibérica de Aratis y de su entorno inmediato, la Policía se incautó de otras piezas de gran relevancia: discos coraza o kardiophylakes, numerosas piezas metálicas de forma tetralobulada que servían como adorno personal de los guerreros, umbos de escudo, placas de cinturón, un tahalí o cinturón de garfio, placas pectorales utilizadas con carácter ornamental, etc. Entre estas últimas destaca una pieza calada excepcional por su rareza e integridad, ya que hasta ahora únicamente se habían hallado fragmentos mínimos de piezas similares.
La ya referida sentencia del Tribunal Supremo considera como un hecho probado el origen ilícito de todos los materiales vinculados con el yacimiento de Aratis y su entorno, expoliados de manera sistemática desde su hallazgo casual a finales de los años ochenta.
El nexo entre Aratis y los bienes intervenidos en el museo tarraconense se pone de manifiesto en los informes periciales redactados por los expertos, ya que se da la coincidencia de que una de las placas intervenidas por la Policía Nacional es idéntica a otra intervenida a los acusados de la referida causa. Ambas piezas fueron creadas mediante el uso de un único troquel, probablemente por un mismo artesano, dentro de un mismo lote o serie de producción.
Además de los materiales procedentes de Aragón, la intervención policial afecta a piezas con otros orígenes geográficos, principalmente Andalucía. Destacan cuatro fragmentos de un mosaico tardorromano que los investigadores identificaron indudablemente como procedente de expolio, ya que contaban con la imagen del mosaico integro antes de que fuera hallado y troceado por los expoliadores para su venta en el mercado ilícito. Igualmente se recuperaron dos esculturas íberas que, debido a su mal estado de conservación, quedaron depositadas en el museo a disposición judicial.
De las 55 piezas analizadas por los especialistas, se concluyó tras su estudio que 37 eran originales y que las otras 18 eran falsificaciones.
La investigación finalizó con la detención del responsable del museo como presunto autor de delitos contra el patrimonio histórico, receptación y sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
