Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que cometió, presuntamente, un fraude millonario a la Seguridad Social, blanqueo de capitales y estafa a residencias para personas mayores dependientes de Valencia.
Las actuaciones policiales, que han sido coordinadas con el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Generalitat Valenciana, han finalizado con la detención de tres personas relacionadas con la dirección y la gestión de las residencias afectadas, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Las investigaciones comenzaron a principios de este año, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social denunció actuaciones irregulares llevadas a cabo por los responsables de un entramado societario dedicado a la gestión de residencias. Se mencionaban varias mercantiles con similares características -dedicadas a las actividades de gestión o asistencia a residencias de personas mayores dependientes- caracterizadas por sus vínculos personales o familiares, lo que indicaba la existencia de una dirección única y un modus operandi común. De forma sistemática y continuada en el tiempo, se repetían los impagos de las cuotas de la seguridad social de los trabajadores y los conceptos de recaudación conjunta.
Las pesquisas realizadas se concretaron en doce sociedades investigadas. Dos de ellas tenían carácter patrimonial, mientras que las otras diez eran mercantiles que se repartieron la actividad de la gestión de residencias para personas mayores dependientes al menos desde el año 2013 hasta la actualidad, con presencia predominante en la provincia de Valencia y causando un perjuicio total a la Tesorería General de la Seguridad Social de 1.150.334 euros.
La operativa descubierta reveló la existencia de un grupo organizado dirigido por una mujer con amplia experiencia en este sector, que fundó o adquirió sucesivamente todas estas mercantiles, intercalando los tiempos de actividad a su conveniencia con la finalidad última de realizar la explotación continuada del negocio, maximizando beneficios y sin hacer frente a sus obligaciones de pago con la Administración. Se puso en evidencia las maniobras para construir y diseñar un grupo empresarial que funcionaba como un ente societario único que en realidad actuaba como si de una única empresa se tratara, con idénticos responsables e intereses. A la vez, la operativa utilizada les sirvió para impedir, dilatar o dificultar las actuaciones de la Seguridad Social para hacer efectivos los procedimientos ejecutivos o embargos iniciados o de previsible iniciación.
Uso de testaferros
Una de las estrategias que les permitió eludir sus obligaciones de pago y continuar con sus actividades lucrativas fue colocar testaferros al frente de determinadas mercantiles e, incluso, como partícipes del capital social. Algunos de los testaferros eran de tipo profesional, mientras que otros eran empleados que, con mayor o menor convencimiento, desempeñaban este papel, colaborando necesariamente para ejecutar estas maniobras fraudulentas. No sólo aparecen en las mercantiles como administradores o socios simulados, sino que de forma reiterativa también se detectaron las aportaciones de cuentas bancarias por personas de su entorno que les permitían movilizar los ingresos de las sociedades deudoras, al margen de éstas y evitando cualquier tipo de embargo. Si bien, las circunstancias de algunos de estos colaboradores -personas mayores dependientes, con escasa o nula tutela familiar- señalaban la utilización o usurpación de su datos sin consentimiento o autorización.
En cuanto a los ingresos, se evidenció la maximización de beneficios en un negocio continuado, con movimientos de fondos en cuentas desde el año 2013 superiores a 5.500.000 euros, derivados de la disminución de gastos corrientes y del aumento de ingresos por residentes relacionados con múltiples irregularidades detectadas por la Inspección de Servicios de la GeneraIitat Valenciana, con deudas millonarias con la Administración y otras fuentes irregulares de financiación. Fruto de esto, se determinó la existencia de importantes incrementos patrimoniales vinculados a ciertas actividades ilícitas graves. Se han reconstruido hasta seis operaciones de ocultación, transformación e integración en el circuito económico legal de estos incrementos patrimoniales con la adquisición de bienes inmuebles por un valor de compra aproximados de 1.000.000 euros.
Entre estas maniobras ilícitas de las que se valen destacan el uso de cuentas bancarias distintas a los titulares de la compra del inmueble, emitir transferencias puente desde cuentas de familiares de residentes, ingresos en efectivo en las cuentas de los vendedores, uso de las cuentas particulares de miembros de la organización que se nutren del pago de residentes, o la constitución de sociedades patrimoniales para la adquisición de estos inmuebles con la intervención de testaferros profesionales, empleados e, incluso, los propios residentes/usuarios de estas residencias para ancianos y personas dependientes.
Estafas a sabiendas de la situación de dependencia de los ancianos
Las investigaciones revelaron actuaciones irregulares en las que la líder del grupo utilizaba datos de al menos cuatro residentes para la solicitud de préstamos o para gestionar sus cuentas bancarias, ingresos, pagos, tarjetas, transferencias y otras operaciones de forma particular y para su exclusivo interés. Así, se beneficiaba directamente usando, con carácter de propietaria, varios vehículos adquiridos mediante estos préstamos, apropiándose de los fondos existentes y ocultando en estas cuentas ingresos por alquileres de inmuebles o procedentes de los abonos mensuales de los residentes, evitando riesgos de embargos y sin control legal.
Estas presuntas estafas, usurpaciones y falsedades se realizaban con total conocimiento de las situaciones de dependencia de estas personas mayores y prevaliéndose de éstas. Se han detectado casos de residentes con escaso o nulo control familiar, con importantes dependencias físicas y mentales y con adicciones. En uno de los casos, utilizaron a un residente que llegó encamado y desahuciado en términos médicos para hacer un contrato en el que la víctima adquiría un vehículo que ha sido utilizado hasta la actualidad por la líder de esta trama, a pesar de que el residente murió en 2020.
