Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha denunciado este jueves a la Policía Nacional “amenazas de muerte” vertidas a través de redes sociales tras haber solicitado al Tribunal Supremo imputar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el denominado caso Dina.
Según publica El Mundo por fuentes próximas al instructor, el juez ha puesto en conocimiento de la Comisaría General de Información de la Policía que está siendo víctima de una campaña de acoso en redes sociales. Por tal motivo, agentes de la Policía Nacional ya han iniciado una investigación al respecto decidido abrir una investigación con el objetivo de esclarecer de dónde proceden esas amenazas.
Las mismas fuentes también ha asegurado a El Mundo que el juez no duda en relacionar esta campaña de amenazas y odio con el entorno de Pablo Iglesias y recalcan las revelaciones que el ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, hizo en la Audiencia Nacional cuando aseguró que la formación morada tenía “un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan”, calificando a este grupo como “kale borroka”.
El juez del caso Dina se ha convertido en una “mina de kiptonita” para el círculo de Podemos después de que el pasado mes de mayo decidiese poner en el centro de la diana la actuación del vicepresidente Iglesias en la investigación de la causa convirtiéndose en un objetivo incómodo para el sector más radical vinculados a la formación morada que no duda en amedrentar a todo el que se ponga en su contra a través de acciones emprendidas en distintas redes sociales.
Artículo 169 del Código Penal
El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.
2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.
¿Cómo va a denunciar lo que propicia?
El Comunismo,al igual que el Fascismo,es una lacra que hay que prohibir si se quiere gozar de una Democracias seguras.El ejemplo lo tenemos en Venezuela.Y ya nos avisó Castro:”Hay que conseguir nuestro objetivo a través de la tonta Democracia”.