En los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre la reforma de la popularmente conocida como “ley mordaza”, la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero muy poco se ha escrito sobre la imposición a la propia policía de la mordaza, cerrándoles la boca para que no puedan emitir su opinión a la ciudadanía, lo que supone una flagrante vulneración de la libertad de expresión y sindical. Es la nueva censura a los sindicatos y asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil. Es una nueva imposición de la política sanchista para apretar las tuercas a la libre opinión policial. Como bien ha dicho El Español “Marlaska pretende prohibir a los policías hablar con la prensa para controlar la versión oficial”.
El Consejo de la Policía, integrado por 28 miembros, 14 representantes de la Dirección General y 14 representantes sindicales, reunido el pasado día 20 de julio aprobó el Borrador del Real Decreto por el que se desarrolla las incompatibilidades, que sirvió de cajón de sastre para introducir en su artículo 4.2, lo siguiente:
“La participación en cualquier medio de comunicación social audiovisual, radiofónico, impreso o digital…que esté relacionada con la actividad policial o en la que se haga uso de información obtenida por razón de su condición de Policía Nacional, requerirá autorización expresa de la persona titular de la Dirección General de la Policía, quien podrá delegar esta competencia en la persona titular de la jefatura de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas (…)”.
Si todo esto no fuera poco, la mayor aberración es la prohibición de emitir cualquier opinión que esté relacionada con la actividad policial, aunque no se haya participado en ella. Como bien señala h50, así se anula a todos los policías la capacidad de opinar sobre cuestiones policiales, con independencia de su servicio. Los representantes sindicales del SUP, CEP y UFP votaron en contra. También mostró su rechazo el sindicato mayoritario JUPOL, aunque no asistió a la reunión, al decretar conflicto colectivo. El SPP se abstuvo. Nos gustaría que exteriorizaran sus motivos.
De esta forma, a modo de ejemplo, ya no será posible denunciar el malestar policial con la Fiscalía en el caso Blanco; los pactos con los bilduetarras; difundir la realidad del “caso Oltra”; decir que la plantilla policial está bajo mínimos en pleno paso del Estrecho, denunciar la tragedia de Melilla. Es un atropello en toda regla a la libertad de opinión y su difusión. Es un ordeno y mando, más propio de regímenes bolivarianos, neocomunistas, totalitarios y autocráticos, dado que supone un incendio para la libertad de expresión como derecho fundamental recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Nos quieren secuestrar hasta el pensamiento. Quieren imponer el pensamiento único. Ahora bien, como decía la escritora Virginia Woolf: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.
Es una forma populista de señalar a los medios policiales independientes, tratando de intimidarlos. Es el cesarismo sanchista que impone la boca cerrada a los policías. Es una forma de estigmatizar policías y guardias civiles. El gobierno sanchista y podemista trata de imponer a la policía la mordaza para que no pueda expresar libremente sus opiniones. José de Espronceda decía: “Un tipo poco honorable/ quiso imponer sus ideas/ con maneras maniqueas,/ fraudulentas, miserables,/ arteras y despreciables”.
¿Será que tenemos un gobierno bolivariano? Será.🙄