La Justicia estudia ya la demanda contra las cuatro Medallas de Plata pensionadas a mandos jubilados, práctica que se suma a la concesión por este Gobierno de más de 2.165 condecoraciones a personal ajeno a Policía Nacional

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Fotofrafía @cep_cepolicia
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Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo estudian ya la demanda presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) contra las Ordenes del Ministerio del Interior mediante las que se concedieron, el pasado 16 de septiembre, cuatro Medallas de Plata a comisarios principales de Policía Nacional jubilados que, a juicio de este sindicato, incumplen tanto los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de esas recompensas profesionales como el más mínimo sentido de la prudencia.

Todo ello, en un año en el que los miembros del GEO y de la UIP desplegados en Kabul para proteger a nuestro personal diplomático y rescatar a colaboradores afganos -habiéndose jugado todos ellos la vida- han recibido una condecoración de inferior categoría a la asignada a esos ex mandos policiales.

Los servicios jurídicos de este sindicato han instado la anulación de ese acto administrativo al considerarlo nulo de pleno derecho. En la demanda se recuerda que las Medallas de Plata se reservan para funcionarios de Policía Nacional muertos o heridos en acto de servicio o que hayan dirigido o realizado servicios de trascendental importancia.

Se da la circunstancia de que los cuatro comisarios principales que han sido reconocidos este año -tres de ellos, ex jefes superiores de Cantabria, Melilla e Islas Canarias- estaban ya jubilados, incluso uno de ellos desde octubre de 2020.

En este sentido, la demanda recuerda que las Medallas de Plata tienen una pensión del 15% del sueldo, que con cifras actualizadas de este año suponen un plus mensual de 222,58 euros y otros 8,63 euros por cada trienio de antigüedad.

Este iniciativa judicial persigue, además, recordar que muchos compañeros de Policía Nacional se quedan sin su merecida condecoración cada año. Es el caso de Antonio Jesús Martín Lozano que falleció el 4 de enero pasado, a los 51 años, al regresar contagiado de Covid-19 de un servicio de recepción de pateras que su Unidad, la V UIP, realizaba en Canarias.

El Ministerio del Interior se ha negado a reconocer a título póstumo a este compañero, pese a las reiteradas peticiones del sindicato CEP, sin embargo, este año se han dedicado 529 cruces al mérito policial con distintivo blanco a personas ajenas a Policía Nacional: 343 civiles, 134 guardias civiles y 52 miembros de las Fuerzas Armadas. Esa cifra supone que en la etapa del actual Gobierno se hayan concedido ya 2.165 condecoraciones a ciudadanos que no son funcionarios de Policía Nacional y que esa cifra suponga, en relación con el total de condecoraciones otorgadas a compañeros, más del 18% sobre el total de aquellas.

Una situación que vienen denunciando estos años, proponiendo que se modifique la normativa de medallas en Policía Nacional (en vigor desde 1964, hace 57 años) no solo para disponer de un procedimiento de concesión objetivo y transparente sino también para crear otro tipo de reconocimiento que no prive a los policías nacionales de cientos de medallas -que tienen carácter exclusivamente policial y que a ese único fin de reconocimiento profesional interno deben ser destinadas- por el hecho de ser asignadas a otros colectivos.

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