Pagaza (CS): “Es un estudio muy necesario, teniendo en cuenta las transformaciones sociales”, afirma la eurodiputada, que se movilizó tras el asesinato en Barbate de dos guardias civiles
La eurodiputada de CS y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, criticó hoy que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) no haya realizado ningún estudio o análisis sobre la cuestión de la violencia contra los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni se plantee hacerlo, teniendo en cuenta el aumento de las agresiones.
Pagaza ha tildado de “insuficiente” y “decepcionante” la respuesta ofrecida por la EU.OSHA tras la muerte el pasado 9 de febrero de dos guardias civiles, como consecuencia de la embestida mortal de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz). Pagaza intentó recabar información y movilizar a la agencia europea a la luz de los datos denunciados en España por parte de las organizaciones profesionales tales como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que apuntan a que más del 40 % de las bajas laborales son consecuencia de agresiones físicas.
Sin embargo, la agencia la EU-OSHA reconoce que no dispone de datos o información específicos sobre un aumento de los ataques contra esta categoría de trabajadores debido a la ausencia de estudios e investigación específicos sobre la cuestión concreta de los ataques contra agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en España o en otros Estados miembros.
“Pero tampoco parece haberse movilizado para contribuir a mejorar la situación”, lamenta Pagaza. “La EU-OSHA admite que no tiene datos, que no los va a tener y que no formula recomendaciones a los Estados miembros. Es cuanto menos decepcionante”, añadió.
Sin embargo, la Directiva (1) marco de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo es aplicable a todos los sectores de actividad y a todas las profesiones, incluidos los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Aborda todos los riesgos, incluidos los de la violencia de terceros.
“De conformidad con la Directiva marco, el empresario debe evaluar todos los riesgos a los que están o pueden estar expuestos los trabajadores y establecer las medidas de prevención y protección resultantes. Por tanto, es responsabilidad del empresario (en este caso sería el Estado) decidir qué medidas de prevención y protección deben adoptarse en determinadas circunstancias sobre la base de una evaluación de los riesgos. Si el Estado no protege a los trabajadores de las FSE, la UE debería actuar para mantener la vigilancia de la aplicación de la Directiva”, concluyó la diputada.
