Exigen al Gobierno que priorice la lucha contra la pobreza energética o tomarán medidas y plantearán movilizaciones

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Es preciso acabar con la pobreza energética y para ello el Gobierno debe regular urgentemente los precios de los suministros esenciales, prohibiendo permanentemente los cortes de luz, agua y gas en el ámbito doméstico o aumentar el SMI.
Hay que reformar y ampliar el bono social para que llegue a quien lo necesite, e implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética, con el objetivo de ofrecer una protección especial a las personas más vulnerables.
Es urgente potenciar un sector público de energía, con empresas que puedan, como en países vecinos, mantener los precios bajo control.
Son imprescindibles y urgentes la reforma del mercado eléctrico, impulsar un Pacto de Estado por la Energía y llevar a cabo el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores insiste en que la situación de los precios de la electricidad, que hoy rozará su tercera cifra más alta de la historia, es insostenible y fraudulenta, y requiere medidas urgentes del Gobierno.

La luz es hoy un bien inasequible para millones de ciudadanos, tanto para las personas más vulnerables como para los trabajadores y trabajadoras con sueldos más bajos, y es necesario intervenir. Se trata de bienes esenciales que deben ser accesibles para todos, con un coste razonable, y, por tanto, no pueden tener precios basados en la especulación de empresas privadas.

La inacción política de los distintos Gobiernos de este país es, para UGT, una de las principales causas del problema: Se ha ido posponiendo una reforma contundente en el sector que establezca un sistema de fijación de precios más justo y transparente.

Por ello, UGT reclama a los partidos políticos que dejen de lado sus intereses particulares y se centren en solucionar los problemas de las personas y alcanzar acuerdos de Estado en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, el sindicato insta a que acometan, de una vez por todas, la necesaria negociación para conseguir un modelo energético con precios más asequibles y competitivos, algo que además de beneficiar a las personas, será un impulso para la industria y el sistema productivo.

La nueva facturación perjudica a los más vulnerables

UGT ya denunció en su momento que el nuevo modelo de facturación eléctrica, aprobado por el Gobierno, con hasta 240 precios distintos para la luz, sólo beneficiaba a las grandes compañías eléctricas puesto que la tarifa más cara se asienta en las horas centrales del día. ¿El resultado? Que acciones como poner el aire acondicionado, encender la vitrocerámica o la lavadora supongan un sobrecoste para las familias.

El hecho de que el 75% de la factura sea variable y dependa de las horas en las que cada persona consuma, aumenta de manera generalizada la facturación. Además, este sistema tarifario aumenta también el coste del teletrabajo, que deben asumir las empresas (aunque a menudo no lo hagan), y de la educación a distancia.

Si bien está claro que la responsabilidad individual de cada ciudadano/a es muy importante en el ahorro energético y la lucha contra el cambio climático, el Gobierno no puede pretender pedirle a la clase trabajadora que apechugue con tantos recortes a su calidad de vida mientras no se interviene el oligopolio privado que contamina ecosistemas, vacía pantanos, y se lucra especulando con precios que los trabajadores tienen que pagar con sudor y lágrimas.

Energía Pública y defensa de las pequeñas empresas

Por ello, el sindicato exige al Gobierno que no demore las políticas necesarias para blindar los derechos de la ciudadanía.

Una de las principales políticas, como han propuesto algunas organizaciones sociales y políticas, es la creación de un Sector Público de Energía, con empresas públicas, como las tienen la mayoría de los países de nuestro entorno, que permita una democratización de este sector y, en definitiva, precios más justos para el bolsillo del consumidor final.

Este precio de la luz también ahoga a las pequeñas empresas y comercios, con una subida del 35% en el coste en los últimos meses, reduciendo los beneficios y en consecuencia, las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. UGT es consciente de que este es un país de pequeñas y medianas empresas, y por ello, está convencida de que precios más justos tendrán un efecto positivo en nuestra economía.

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