El procedimiento “tramposo” que usó el Gobierno para cerrar la equiparación salarial de los policías

Exigen el cumplimiento íntegro de los acuerdos de equiparación partiendo de una nueva auditoría transparente

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La noticia de hoy sobre la auditoría incompleta que el Gobierno socialista usó para cerrar el acuerdo de equiparación, indigna a policías y guardias civiles y les lleva a exigir que se repita ese estudio, pero de forma transparente, para cumplir cuanto antes las cláusulas restantes del pacto de 2018 firmado con el gobierno de Mariano Rajoy.

Se escudan en que la auditoría falló por falta de información de la Generalitat sobre los salarios de los Mossos, de ahí que SUP y AUGC exijan al Gobierno que aproveche la llamada “mesa del diálogo sobre Cataluña” para exigir a la Generalitat esos datos imprescindibles para acabar de una vez con la discriminación salarial entre cuerpos policiales.

Gracias a la pregunta parlamentaria que efectuaron los diputados del Partido Popular, hoy el Gobierno confirma la grave realidad que ya habían denunciado desde este sindicato policial y esta asociación de guardias civiles. La auditoría externa que utilizó el Gobierno para cerrar el acuerdo de equiparación de 2018 estaba incompleta. La empresa auditora Ernst & Young no tuvo acceso a la totalidad de la información sobre los salarios de los Mossos de Escuadra, y elaboró su informe con datos de la Secretaría de Estado, en vez de con información de la Generalitat.

Estas organizaciones señalan que este procedimiento que podría calificarse de tramposo, junto a otros detalles, son los que provocan que siga habiendo diferencia salarial entre la policía autonómica de Cataluña y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles rechazaron en su día esa auditoría por no ajustarse a la realidad, y ahora la realidad nos da la razón.

En consecuencia, AUGC y SUP exigimos la realización de una nueva auditoría con total transparencia para corregir las desigualdades salariales entre todos los cuerpos policiales, y que ese estudio cuente con la participación real de los sindicatos y asociaciones, como así lo establece el acuerdo vigente.

Insisten  en que se cumplan las clausulas que restan por ejecutar del acuerdo de equiparación de 2018. A pesar de que el acuerdo supone un abono de 560 euros en las nóminas de policías nacionales y guardias civiles, todavía quedan acuerdos por ejecutar. Falta incentivar el reingreso de personal en segunda actividad y una Ley de Retribuciones que impida que se reproduzca la injusta brecha salarial entre diferentes cuerpos policiales. Así se lo hemos hecho constar en una carta dirigida al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska.

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