El 04 de noviembre, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, comparece públicamente en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto de presupuesto de la Secretaría General para el año 2021.
Un proyecto de presupuestos que supone un gasto económico 1.241,589 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,99% respecto al último presupuesto aprobado.
El grueso de esa cantidad (917,552 millones de euros) será destinado por el Gobierno a gastos de personal. Lo que supone un aumento del 1,6% sobre el presupuesto base de 2020 y de un 9,5% si se compara con el del año 2018.
Este crecimiento presupuestario se debe a la incorporación del millar de nuevos funcionarios que están contribuyendo a aminorar el déficit de las plantillas, de ninguna manera se debe a la mejora retributiva o equiparación salarial de los funcionarios de prisiones con su homólogos catalanes.
Sindicatos de instituciones penitenciarios denuncian la inanición del Gobierno, y siguen a la espera de que el Gobierno se siente a negociar la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, peleando para que en el ejercicio de sus funciones sean considerados como agentes de la autoridad, y que las agresiones sufridas no “salgan gratis”.
Y es que este colectivo considera imprescindible la creación de un estatuto propio de trabajadores que recoja las peculiaridades de su trabajo y que el mismo se reconozca social y económicamente.
