El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea -el máximo órgano ejecutivo comunitario- una investigación a fondo sobre la realidad de las agresiones a policías, con carácter previo a la adopción de medidas legislativas. Esta decisión es consecuencia de la comparecencia, esta mañana, de la Confederación Española de Policía (CEP) ante la Comisión de Peticiones de la eurocámara para reclamar que el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado españolas -tanto el de policías nacionales como el de guardias civiles- sea considerado profesión de riesgo ante la negativa persistente del Gobierno español a acceder a esta reivindicación y con el fin de evitar una discriminación respecto a otros colectivos que sí tienen esa consideración (artistas, toreros o Policías autonómicas y locales, entre otros).
La exposición realizada por CEP ante los europarlamentarios ha defendido esta medida -que permite una jubilación anticipada, sin pérdida de dinero- y ha incluido una segunda reclamación, relacionada con la necesidad de aumentar el castigo penal de los delitos de atentado contra los policías para evitar así el incremento descontrolado de agresiones contra estos profesionales de la seguridad pública.
El encargo del Parlamento Europeo a la Comisión supondrá la elaboración de un informe que estudie en profundidad la realidad denunciada por CEP, tanto en el orden estadístico como en la catalogación y clasificación que hacen los diferentes Gobiernos europeos sobre la consideración de profesión de riesgo de sus Cuerpos policiales. Esta medida, inédita en el ámbito europeo, supone un avance fundamental para lograr que el trabajo de los policías tenga el reconocimiento y protección que merece.
En la intervención de CEP en el Parlamento Europeo se han actualizado los datos sobre delitos de atentado registrados en España, con cifras cerradas a 31 de diciembre de 2023. Así, el año pasado se produjeron 16.762 infracciones penales de este tipo en ámbito de Policía Nacional y Guardia Civil, alcanzándose un nuevo récord histórico al superar en un 0,66% el dato de 2022 que ya era, a su vez, el mayor de los últimos quince años. Este aumento de los ataques a los miembros de las FCSE tuvo especial incidencia entre los policías nacionales, ya que un 55,6% del total de agresiones (9.336 delitos) se produjo contra ellos. Frente a esa realidad, frente a un fenómeno cuya gravedad no decae sino que, al contrario, repunta otro año más, el Ministerio del Interior no ha dado un solo paso para que ambos colectivos tengamos esa consideración de profesión de riesgo en una estrategia irresponsable que constituye un desprecio para los 154.000 profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil.
Remarcan que esa negativa no se puede entender cuando un día como hoy han fallecido seis personas, arrolladas de madrugada por un camión en un control de la Guardia Civil en Los Palacios (Sevilla), entre las que se encuentran dos guardias civiles -el cabo primero Eneko Lira Gómez, de 36 años, y el guardia Juan Jesús López Álvarez, de 34 años- del Grupo de Acción Rápida (GAR) de ese Cuerpo. Otros tres agentes han resultado heridos, uno de ellos muy grave, en este fatal siniestro. A la vez que añaden que tampoco se puede entender cuando ayer mismo, en Gijón, un policía nacional del Grupo de Atención al Ciudadano de esa Comisaría Local sufría una herida inciso contusa en el mentón y otra en la rama mandibular izquierda -que ha supuesto que le tengan que coser la cara- por una agresión con un cuchillo de cocina, durante una intervención por una llamada de una madre que denunciaba que su hijo le estaba agrediendo. El autor de este ataque ya ha sido detenido, acusado de malos tratos en el ámbito familiar y tentativa de homicidio por la grave lesión que ha provocado a nuestro compañero.
El avance logrado hoy en el ámbito europeo por la petición de CEP supone un salto cualitativo esencial para los policías nacionales y guardias civiles. Sitúa en el seno de las instituciones europeas un debate que hasta ahora no se había producido, de tal forma que esa sensibilidad y empatía contrasta significativamente con la inacción y el desprecio del Ministerio del Interior español. Este último, una vez más, queda retratado por su falta de compromiso con las necesidades profesionales de los policías, justo después de que ayer mismo su titular, el ministro Grande-Marlaska, anunciara en el Senado algo tan grave como que asume de nuevo el compromiso para esta Legislatura de reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es una de las herramientas fundamentales para proteger el trabajo policial en la calle.
Guardamos un emotivo minuto de silencio antes de la @EP_Petitions por los fallecidos en el accidente de Los Palacios. Precisamente hoy una representación de @cep_cepolicia defenderá la consideración de profesión de riesgo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. pic.twitter.com/J0EY6unKUx
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) March 19, 2024
Lo sucedido en Sevilla es otra triste prueba de que no podemos mirar hacia otro lado
Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ser consideradas profesiones de riesgo
A quienes velan por nuestra seguridad les debemos también garantizar la suya@maitepagaza en @EP_Petitions pic.twitter.com/w4d3Eb9fAs
— Ciudadanos Europa 🇪🇺🇪🇸 (@CS_Europa) March 19, 2024
