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Según los datos de facilitados por la Administración Penitenciaria (ámbito SGIIPP), a fecha de marzo de 2020, a los que ha tenido acceso el Sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), más de 10.753 funcionarios/as superan los 50 años, lo que supone un 48,5% de la plantilla total. El 7,72% de los funcionarios/as en los centros penitenciarios tiene más de 60 años, el 75,30% se encuentra entre los 41 y los 60 años, y sólo el 17% tiene menos de 40 años.

Además, 1.713 funcionarios tienen entre 60 y 70 años, cifra que supera al número de funcionarios que están entre los 20 y los 35 años -unos 1.625-, o los que tienen menos de 30, que no llegan a los 610.

Todo ello demuestra que la Administración Penitenciaria tiene una plantilla envejecida, compuesta por funcionarios que se encuentran a las puertas de la jubilación, siendo los
menores de 30 -35 años una clara minoría. Los menores de 35 años representan un desolador 7,33%, no siendo suficientes para compensar el proceso de envejecimiento de las plantillas.

Los principales datos más significativos a tener en cuentea son los siguientes: • Solo el 2,75% de los funcionarios penitenciarios son menores de 30 años (609 efectivos).

• Los funcionarios menores de 22 años son sólo 2, y suponen un 0,01% del total (22.183 efectivos).
• En 10 años, en el año 2.030, más de 11.300 funcionarios sabrán llegado a la edad de jubilación, el 51,22% del total. Si lo analizamos por área de trabajo (áreas funcionales) el resultado sería el siguiente:

  • La situación actual en el año 2020, los funcionarios/as mayores de 55 años dentro de la horquilla de edad de entre 55 y 69 años es la siguiente:

  • Si analizamos la situación en función del Cuerpo funcionarial de pertenencia, nos encontramos que los funcionarios/as mayores de 55 años dentro de la horquilla de edad de entre 55 y 69 años es la siguiente:

A partir de la situación descrita es más apremiante enfrentarse a un problema de difícil solución a corto y medio plazo. El envejecimiento de las plantillas de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) es el resultado dela la falta de planificación de los Recursos Humanos, unido a la falta de convocatorias de empleo público suficiente para reemplazar las jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir.

A muy corto plazo, a un par de años a la vista -finales de 2021
-, 530 nuevos funcionarios/as entran en edad de jubilación voluntaria a los 60 años de edad (edad mínima de jubilación en
el régimen de Clases Pasivas del Estado y con 35 años de servicios), lo que sumado a aquellos que ya se encuentran en el rango de edades entre 60 -70 años edad (1.713 efectivos) podría suponer una pérdida del 10% del total de la plantilla actual (22.183 efectivos) si deciden su jubilación. Todo ello, sin contar con la pérdida de funcionarios por defunción, Incapacidad
Permanente, excedencias, etcétera.

A los datos descritos de las edades, hay que sumar que en estos momentos más de 2.500 plazas vacantes en las actuales RPTs
, provocando que en algunos centros penitenciarios no se puedan cubrir los servicios mínimos diarios, teniendo que llamar a otros funcionarios en sus días de libranza para trabajar y garantizar la prestación del servicio con garantías.

Veamos las plazas del Cuerpo de Ayudantes convocadas en Instituciones penitenciarias
desde el 2010:

Así mismo, las oposiciones a los distintos Cuerpos de Instituciones penitenciarias no establecen límite de edad para poder acceder a los puestos que se ofertan, lo que supone
que un número elevado de personas que aprueban dichas oposiciones tengan una edad media elevada. Por otro lado, la falta de funcionarios/as es un verdadero problema para
poder disfrutar de los días de permiso y de vacaciones reglamentarias correspondientes al año 2020 que disponen de asuntos propios o compensación por trabajar en días festivos
nacionales, con el condicionante de la incertidumbre de saber cuándo los podrán disfrutar.

Desde APFP llevamos varios años advirtiendo del grave problema generacional y de las jubilaciones que se están produciendo y de las que se van a seguir a producir al tener el
colectivo penitenciario una edad media de 55 años. No queda otra solución que tomar medidas, entre las que el Sindicato APFP propone de forma urgente las siguientes:

  • El olvido por parte de la Administración y del Gobierno del colectivo de trabajadores penitenciarios que diariamente demuestran su profesionalidad, no habiéndose preocupado por el tsunami que se avecina de jubilaciones y falta de personal, siendo necesaria de forma urgente una OEP Extraordinaria de al menos 2.500 plazas en el año 2020 para poder cubrir los servicios mínimos de muchos centros que actualmente no
    se pueden cubrir, y que al día de la fecha no hay convocatoria para Instituciones Penitenciarias en este año, teniendo actualmente 900 funcionarios de la OEP 2019 que han comenzado su periodo formativo el pasado día 10 de agosto y estarán en periodo de prácticas 18 meses.
  • Una Oferta de Empleo Público (ordinaria) durante los próximos 10 años superiores a 1.000 plazas por año, para al menos ir cubriendo las jubilaciones que se van a producir
    , e ir cubriendo una parte de las plazas vacantes actuales de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
  • Una campaña divulgativa sobre el trabajo que realizan los distintos profesionales en los centros penitenciarios, para incentivar y atraer a los jóvenes menores que se
    encuentran muchos de ellos en el paro, sobre una profesión digna que carece de una verdadera carrera profesional en estos momentos, donde el 90% de los funcionarios entran a trabajar en el área de vigilancia interior y se jubilan en el mismo puesto o área.
  • Trasformar la segunda actividad de los funcionarios/as en un pase a la reserva con los actuales requisitos de 57 años de edad, y 30 años de servicio en el área de vigilancia interior.
  • Un aumento de las mejoras económicas que los funcionarios de prisiones llevamos años demandando en comparación con otros colectivos como la Policía Nacional, Guardia Civil, o los propios compañeros de prisiones de Cataluña que si se les ha
    mejorado sus condiciones económicas, lo que constituye un deterioro a la hora de optar en estos por ser funcionario de prisiones, siendo un colectivo que trabaja en un medio cerrado, que se enfrenta diariamente a sofocar incendios, a prevenir suicidios, que sufre las agresiones por parte de los internos, y que está en primera línea asumiendo el Covid
    -19.
  • La creación de un Estatuto Propio para prisiones que regule la particularidad de los funcionarios de prisiones, con una creación de una Escuela de Estudios Penitenciarios,
    y una verdadera carrera profesional , unido a la adscripción al Grupo B del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias siendo equivalentes las titulaciones de
    Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, y el Título de Técnico Superior, que por el trabajo, funciones y responsabilidades que se adquieren el Cuerpo de Ayudantes
    así por la continua especialización en diferentes puestos y área de trabajo, circunstancia que no se da con el resto de cuerpos generales de la Administración General del Estado (AGE).
  • La consideración de AGENTES DE AUTORIDAD en el ejercicio de nuestras funciones, cuestión que al día de la fecha continúa sin ser resuelta a pesar de los intentos por
    parte de los distintos partidos políticos, lo que también contribuye a la hora de poner en valor la labor, la responsabilidad y la profesionalidad de los funcionarios/as de
    Instituciones Penitenciarias.
  • Al día de la fecha no se ha convocado para el año 2020 la OEP (Oferta de Empleo Público para Prisiones), en un año en el que en los centros penitenciarios se están jubilando muchos funcionarios ante el panorama tan incierto que cada día nos presenta este Gobierno. Un ejemplo, un centro penitenciario de Madrid, las previsiones de jubilación previstas a principios de año se establecieron entre 8
    -10 personas y en Agosto habían ya solicitado su jubilación ya 33 funcionarios.

Todo ello, hace que Instituciones Penitenciarias sea en estos momentos una Institución a la deriva, sin rumbo ni peso político, donde cualquier cambio o mejora que se nos plantea, es a 4 años vista, es decir a final de la Legislatura.

 

 

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