La situación de crisis sanitaria del coronavirus ha vuelto a poner encima de la mesa la imperiosa necesidad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a reinventarse en el terreno digital. La implantación de las nuevas tecnologías aporta sólidas ventajas no solo en lo relativo a la investigación sino también a la burocracia repercutiendo directamente en un ahorro de tiempo y esfuerzo, o lo que es ello implica, eficacia y eficiencia.
Uno de los avances más destacados en este terreno es la implantación de la aplicación informática LexNET puesta en marcha desde el 1 de enero de 2017 en una acción conjunta entre los ex ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido. El objetivo era avanzar hacia las comunicaciones electrónicas entre las administraciones públicas y los órganos judiciales, algo que supondría el recorte del trasiego de papeles y sobres entre comisarías y juzgados. Hoy en día, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local e Instituciones Penitencias ya tienen operativos cientos de buzones activos con conexión directa con el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, el sistema que costó 7 millones de euros de dinero público, hizo aguas en a penas un año de vida cuando un fallo informático dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales derivando en un expediente sancionador por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Este no fue el único episodio similar y desde entonces es frecuente el registro de fallos en diferentes ámbitos.
Otras aplicaciones de uso más frecuentes son SIDENPOL y SIGO, que recientemente han sido actualizadas por Interior para activar un mecanismo de denuncias telemáticas in situ teniendo en cuenta la minimización de riesgos de contagio de COVID. Se trató de un proyecto que ha sido elaborado en colaboración con la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, compuesta en un 85 por ciento por pequeñas y medianas empresas, y que pone encima de la mesa los avances importantes hacia los que se pueden caminar cuando las instituciones públicas colaboran con organizaciones privadas en busca de un bien común.
La Policía usa hasta 49 bases de datos, la Guardia Civil tiene 9, pero ambos Cuerpos disponen de otros 100, aproximadamente, ficheros de control administrativos.
Por otro lado, en cuanto a la fase de investigación, las FFCCS no han hecho hasta ahora una apuesta por el I+D de forma seria y rigurosa. Ejemplo de ello es la inversión de otras policías por apostar por herramientas como el Big Data como técnicas, entre otras, para prevención del crimen. Algo tan sencillo y de gran demanda en la actualidad de consiste en el tratamiento de datos digitales para convertirlos en información relevante. La evolución en cuanto al estudio de esta información ha derivado en el desarrollo de programas ya usados por otros cuerpos y que tardan en llegar a nuestro territorio como por ejemplo: PredPol o Beware.
Aquí es donde entra en cuenta otro factor importante, la formación de analistas de inteligencia y la colaboración con empresas privadas o civiles especializados en esta función ya que la inteligencia artificial va ligada a decisiones humanas. Nos encontramos ante un área donde se realizan grandes inversiones y esfuerzos diversas organizaciones y que las entidades públicas encargadas de proporcionar seguridad se han quedado obsoletas.
El futuro de la seguridad pública pasa por abolir la burocracia del siglo XX y ahondar en el proceso de digitalización. Abrir las puertas a una nueva etapa donde la tecnología esté al servicio de los policías y que sirva para mejorar sus funciones, agilizar los trámites y permitir un avance en el terreno de los derechos laborales.
Lo siento mucho no tienen medios