Absueltos los máximos sospechosos de la quema de vehículos de agentes de la UDYCO de Ceuta

La no inclusión en el procedimiento del auto donde presuntamente figuraba la orden judicial que daba cobertura legal a la actuación policial, ha propiciado la nulidad del resto de actuaciones que incriminaban a los acusados y, por tanto, su libertad.

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“No existe prueba de cargo suficiente para alcanzar una certeza objetiva sobre la participación de los acusados en los incendios”, este es el principal argumento que esgrime la juez para absolver a los máximos sospechosos de la quema de dos vehículos de dos agentes de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) de Ceuta y el kiosko de la hermana de uno de ellos.

Los hechos se produjeron entre los años 2016 y 2017. Según la versión policial, detrás de la quema de los dos vehículos particulares de los agentes y el kiosko de la hermana de uno de ellos, tras dos intentos anteriores,  se hallaba el factor “venganza” por motivo de una importante operación antidroga llevada a cabo por los policías damnificados en la ciudad autónoma, denominada “Operación Montes”.

Defecto de forma y a la calle

Lo cierto que es que la Juez ha decido no aceptar las pruebas aportadas por la Policía Nacional al considerarlas ilegales, al no aparecer incluso en el procedimiento el auto de mandamiento judicial en el que supuestamente autorizaba a los investigadores a acceder a las escuchas telefónicas y a las conversaciones escritas que sustentaban la acusación policial.

Según recoge la sentencia, las diligencias de las escuchas y transcripciones extraídas de un grupo de whatsapp perteneciente a los investigados, las cuales eran la principal prueba de cargo, fueron anuladas por la Juez al vulnerarse el secreto de las comunicaciones. 

“No existe en las actuaciones dato alguno que permite conocer cómo apareció el terminal cuyo estudio se acordó, ni en qué momento ni a qué persona le fue intervenido. Es más, no existe siquiera el informe policial solicitando el estudio del teléfono”, concreta la magistrada en la sentencia.

Un defecto de forma por tanto, al no aparecer en el procedimiento el auto judicial que facultaba a la actuación policial para llevar a cabo las diligencias de investigación descritas,  dio al traste con todas las pruebas que señalaban como presuntos culpables a los seis acusados, dos de los cuales llegaron incluso a cumplir casi dos años de prisión provisional. Uno de ellos permanecerá en prisión pero por otras causas.

Las entradas y registros posteriores, motivadas por las escuchas y conversaciones por whatsapp también quedarían anuladas. Sin poder contar con la validez de las principales pruebas, solo quedaba agarrarse a las versiones aportadas bajo juramento de los numerosos testigos y de los propios investigadores, y a las difusas imágenes de una cámara de seguridad de una entidad bancaria cercana.  Pero para la juez del Juzgado de lo Penal nº1 de Ceuta, no serían suficientes pruebas para dictar una sentencia condenatoria contra los implicados. 

Indignación en el seno policial

Un documento que, al parecer existe pero que inexplicablemente no se incorporó al procedimiento, ha sido el detonante para tirar abajo una ardua investigación policial que había desembocado en la identificación y detención de los presuntos culpables de esta trama contra los agentes damnificados.

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Por ello, el sindicato policial UFP pide depurar responsabilidades contra el artífice o los artífices de esta “misteriosa casualidad”, en la cual de pronto desaparece una diligencia vital para el devenir del procedimiento,  propiciando la caída del resto como un castillo de naipes y la liberación de los acusados.

Hasta seis integrantes de la UDYCO de Ceuta, que participaron en la Operación Montes contra el narcotráfico en la ciudad autónoma, acabaron solicitando traslado a otras comisarías de la península debido a la presiones e inseguridad vividas. 

Fuente: El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta

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