La cruda realidad de las agresiones y deficiencias en una prisión española

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Años de denuncias y reclamaciones en los que se señalan las deficiencias y carencias del mundo penitenciario español, donde predominan las graves agresiones que sufren los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios se suceden día si y día también, al igual que la carencia que sufren de medios materiales y humanos para el desempeño de su trabajo, a lo que se suma la falta de una legislación que le proteja.

Y para muestra un botón, el Centro Penitenciario de Valencia, 1130 incidentes graves o muy graves durante el año 2020

El Establecimiento Penitenciario de Valencia es uno de los centros penitenciarios más conflictivos del sistema penitenciario español, debido, entre otras cosas, a que alberga una mezcla muy diversa de internos e internas, jóvenes, adultos, mujeres en primer grado, hombres en primer grado -el primer grado es el régimen que se aplica a los internos/as más peligrosos-.

El centro en la actualidad aloja 27 internos de este tipo, y ello supone que tengan que estar repartidos entre varios departamentos. El módulo que alberga a la mayoría tiene gran cantidad de deficiencias estructurales en materia de seguridad, y supone un riesgo añadido para los trabajadores que prestan servicio en el mismo, tal y como lo ha denunciado en numerosas ocasiones el sindicato ACAIP-UGT, el cual aporta estos nuevos datos para dar a conocer a la sociedad la autentica realidad silenciada.

Es un departamento que no figuraba en el proyecto original del centro, que se añadió posteriormente, y que, pese a sus reformas, por lo reducido de sus espacios, genera una gran sensación de estrés tanto a trabajadores como a internos.

Además de esa falta de medidas de seguridad, denunciada una y otra vez por este Sindicato, el Defensor del Pueblo ha señalado que carece de condiciones adecuadas, habiendo formulado una recomendación para su clausura definitiva.

A ello hay que añadir, según ACAIP-UGT, que hay un déficit endémico en materia de personal, debido al maltrato desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que lo considera como un centro normal a la hora de dotación de personal (algo que no es cierto debido a su tamaño y a su estructura arquitectónica).

Ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que cuando el número de funcionarios prestando servicio se reduce, se incrementa la conflictividad, ya que los trabajadores no pueden llevar a cabo una adecuada vigilancia y control de lo que sucede en el Centro, y es imposible el poder cumplir con los objetivos constitucionales de reinserción de los internos.

Cada día se producen varios incidentes en el Centro, muchos de ellos graves o muy graves, a consecuencia de los cuales son agredidos o amenazados trabajadores del Centro u otros internos.

En el resumen que aporta esta organización sindical se recogen solamente algunos de los que se han producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Hay que tener en cuenta que durante el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus, a petición sindical, se adoptaron medidas regimentales excepcionales en el centro, tales como autorización de permanencia de forma voluntaria de los internos en sus celdas, suspensión de los permisos de salida, supresión de las visitas familiares… por lo que alguno de los puntos recogidos en la estadística correspondiente al primer semestre del año 2020 han podido sufrir una reducción respecto al semestre anterior, al haberse cortado las principales vías de entrada de droga al centro (permisos, visitas familiares) y haber un menor contacto entre los internos.

En este período se han producido un total de 1130 incidentes graves o muy graves en este  Centro penitenciario, y alguno de estos son:

16 Agresiones o intentos de agresión a funcionarios con lesiones de diversa gravedad, a consecuencia de los cuales, incluso, varios de los trabajadores agredidos tuvieron que permanecer de baja médica. Puñetazos en la cara, patadas, mordiscos, arañazos son algunos de los métodos utilizados por los internos para agredir a los trabajadores. Además, se han producido hechos que no han llegado a la agresión, por suerte, o por intervención de otros internos, que sujetan al agresor.

Algunos de los incidentes más significativos son:
• El 26 de enero de 2020 cuando se realizaba el cacheo de una celda, los dos internos ocupantes de la misma se abalanzan contra los funcionarios que lo realizaban. El Jefe de Servicios es empujado contra la pared, a otros trabajadores se les propinan patadas y puñetazos. Se les requisa un objeto punzante, una jeringuilla y sustancias tóxicas.
• El 19 de marzo un interno intenta que el resto le secunden en una protesta colectiva, los funcionarios intentan tranquilizarlo, recibiendo uno de ellos un golpe en el pecho.
• El 23 de marzo cuando las funcionarias de servicio acompañan a una interna clasificada en primer grado al patio, ésta les agrede con el palo de una escoba. A consecuencia de ello, las dos funcionarias han tenido que permanecer varias semanas de baja laboral por las lesiones sufridas.
• El 8 de junio cuando las funcionarias de servicio tratan de evitar la agresión de una interna a otra, reciben varios golpes, y una de ellas consigue esquivar un puñetazo en la cara. Algunas internas que también trataban de evitar la agresión, también reciben golpes.
• El 5 de septiembre en la Enfermería del centro, un interno está agrediendo a otro. Los funcionarios tratan de evitar que continúe esa agresión. En ese momento, el agresor se revuelve contra uno de los funcionarios y comienza a agarrarle el brazo, retorciéndoselo, hasta el punto que pensaba que se lo iba a arrancar. El interno agresor tiene conocimientos de técnicas de defensa personal y reducción, ya que habría trabajado de guardaespaldas en la calle. Uno de los funcionarios tuvo que ser atendido en un centro hospitalario, y tuvo que
permanecer de baja laboral por varios golpes y luxación en el hombro.
• El 24 de septiembre un interno que está dando golpes y rompiendo los cristales de la ventana del patio, lanza una patada contra uno de los funcionarios que intenta impedir que continúe con su actitud, golpeándole en la mano.
• El 18 de noviembre un interno arroja lejía contra un funcionario cuando le abría la puerta de la celda.
•El 12 de diciembre un interno se autolesiona en su celda. Cuando se abre la puerta de la misma para llevarle a ser curado comienza a insultar, amenazar gravemente y escupir a los funcionarios de servicio. Asimismo, lanza una patada que alcanza en el pecho al Jefe de Servicios presente.

La Administración penitenciaria sólo considera que hay agresión a un trabajador si hay un daño. Así, por ejemplo, en el caso de que un interno le ponga un cuchillo en el cuello a un trabajador, sólo sería reflejado como agresión si le clava el cuchillo. Algo que es totalmente inconcebible.

Asimismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se sigue negando a que los funcionarios penitenciarios tengan la condición de agente de la autoridad en el desempeño de sus funciones (algo que si tienen por ejemplo los maestros y los médicos) y que les ofrecería una mayor protección jurídica y de prevención general.

En estos momentos hay en el Centro Penitenciario de Valencia un total de 42 internos que tienen antecedentes de agresiones a trabajadores penitenciarios.

Han tenido lugar un total de 186 casos de amenazas graves, coacciones o insultos graves a trabajadores. En muchos de los casos de trata se amenazas de muerte y también amenazas a los trabajadores de actuar contra ellos una vez que salgan en libertad.

Hasta en 19 ocasiones los internos se han resistido de forma activa y violenta al cumplimiento de órdenes o de la normativa interior del Centro. Estos episodios no terminan en agresiones a trabajadores u otros internos por la profesionalidad de los funcionarios penitenciarios y, en algunas ocasiones, sólo por suerte. La mayoría de estos hechos se producen en el departamento de Enfermería o en el que aloja a los internos clasificados en Primer Grado.

Se ha producido un plante o desorden colectivo y dos intentos más, en los que algunos internos intentaban que otros protagonizaran incidentes graves o no entraran en sus celdas.

Uno de ellos fue secundado por los internos, donde el pasado 10 de abril varios internos se niegan a subir a las celdas, incitando al resto para que también lo hicieran. Tras mantener un diálogo con los 5 cabecillas, se consigue que los 115 internos del departamento suban a sus celdas.

Se ha producido una evasión mientras un interno era trasladado en ambulancia al Hospital General, y hasta en 341 ocasiones los internos se han resistido de forma pasiva al cumplimiento de órdenes o de la normativa interior del Centro.

Se han contabilizado 154 agresiones entre internos, de mayor o menor gravedad, alguno de los cuales ha sufrido lesiones de importancia, produciéndose un total de 45 casos de amenazas y coacciones graves de unos internos sobre otros.

Al menos en 65 ocasiones se ha producido un deterioro grave de mobiliario o dependencias del Centro, en varios casos por incendios provocados de forma voluntaria por los internos, teniendo estos que ser rescatados por los funcionarios.

Se han encontrado un total de 193 objetos prohibidos por la normativa vigente (varios “pinchos”, teléfonos móviles, y diversos tipos de drogas).
Durante el año 2020 se han producido 66 casos de autolesiones por parte de los internos

El método más utilizado es el del corte en el antebrazo o en el abdomen, si bien también hay internos que se tragan cristales, pilas, cuchillas de afeitar o incluso uno que utilizó un tenedor de plástico para clavárselo en las encías.

 Se han producido dos suicidios consumados, así como se han computado diez internos que se han puesto en “huelga de hambre”, dos de ellos también huelga de sed.

Se han detectado once casos de intoxicaciones graves por consumo de drogas, u otras sustancias.

A todo ello se suma la denuncia de diez casos de sustracción de objetos personales de internos por otros compañeros de internamiento y ocho internos han quebrantado su condena al no regresar de permiso.

El Establecimiento Penitenciario de Valencia sigue presentando unos problemas endémicos como son:

En primer lugar, es uno de los centros del Estado que mayor número de internos e internas muy peligrosos acoge, pese a que dispone de menos medidas de seguridad y una peor estructura que otros más modernos para albergarlos, por lo que no reúne las condiciones necesarias de seguridad para albergar a este tipo de internos, que son los que protagonizan los incidentes más graves, sobre todo las agresiones a trabajadores.

No se trata de una percepción sindical, el propio Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación de cierre del departamento que aloja a este tipo de internos por su falta de condiciones. Esta recomendación ha sido rechazada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias ha podido comprobar en persona cual es la situación, pero lo único que se han obtenido han sido promesas que no se han cumplido.

Mientras tanto el nuevo centro penitenciario de Siete Aguas sigue con las obras paradas, a la intemperie, con un gasto importante cada año en vigilancia de las obras.

Este nuevo centro de Siete Aguas sería fundamental para descongestionar Picassent, tanto numéricamente, como en cuanto a que podría albergar a este tipo de internos muy peligrosos.

Segundo, el déficit en materia de personal del centro continúa aumentando, en los últimos cuatro años se ha perdido más de un 30 por ciento de la plantilla.

No se reponen las vacantes que cada año se producen por fallecimiento, jubilaciones, cumplimiento de la edad para dejar de trabajar en contacto con los internos… No se hace ni
en los concursos de traslados, ni enviando funcionarios en prácticas.

En el mes de marzo visitó el centro el Subdirector General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, quien pudo comprobar de primera mano la situación existente. En aquellos momentos se comprometió a tratar de solucionar la situación de personal del centro, pero esas promesas han sido incumplidas.

En la actualidad faltan más de 100 trabajadores sobre el número mínimo que debería haber según la Relación de Puestos de Trabajo del Centro. Este déficit es más acuciante en los puestos que están en contacto directo con los internos y en personal facultativo.

Es habitual que un sólo funcionario tenga que hacerse cargo de más de 140 internos, estando por debajo de los servicios mínimos que se imponen por la Administración en caso de huelga.

Esta situación es de sobra conocida por los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tanto por los anteriores como por los nuevos. La única solución que se ha adoptado pasa por reducir el número de trabajadores que puede irse de vacaciones de forma simultánea y la restricción en el ejercicio de permisos en caso de enfermedades de familiares.

Esto supone que a los trabajadores del Centro Penitenciario de Valencia no se les aplican los mismos criterios que a otros funcionarios cuando un familiar está enfermo, esta situación que supone una injusta discriminación está recurrida judicialmente.

Los funcionarios penitenciarios no pueden disfrutar todas sus vacaciones en los meses de verano, sino que tienen que hacerlo entre mayo y octubre de cada año.

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