Sánchez, Cándido, el prófugo y el ex etarra

Son los cuatro actores principales del sainete de la Amnistía vendida en fascículos por los “juristas” de conveniencia o alquiler, que tratan de encajar la amnistía dentro de nuestra Carta Magna tratando de introducir un miembro donde no hay agujero. No obstante, los actores están intercambiando papeles diseñando un agujero para violar a la víctima, que es la CE, aunque traten de taparlo con cortinas de humo. Pero a Sánchez le da igual con tal de contar con los 7 escaños de Juntos por Cataluña para ser de nuevo investido presidente. Lo peor es que no se trata de un tema jocoso sino de un asunto fundamental para el devenir de nuestra democracia, dado que afecta a nuestro Estado de Derecho, con sus principios y valores, que más temprano que tarde afectará a nuestra Monarquía Constitucional y a la unidad de España. La democracia se romperá si aceptamos una Amnistía a los golpistas, que es a todas luces inconstitucional. La finalidad de la amnistía es extinguir el delito, que desaparezcan todas sus consecuencias.

El expresidente del Gobierno Felipe González mostró su rechazo a promover una amnistía, dado que supondría borrar las huellas delictivas de las leyes de desconexión y el referéndum, permitiendo de esta forma que lo ilegal fuera la actuación del Gobierno central, la instrucción del juez Llarena y el juicio del Tribunal Supremo (TS). Entonces los golpistas serían los policías, guardias civiles, jueces y fiscales que defendieron la ley en 2017. De esta forma, los independentistas “Está claro que harían la interpretación de que con la amnistía se acepta también el referéndum”. Recordemos que ahora los independentistas ya exigen sin tapujos la “nación catalana” y aceptar la vía escocesa para el referéndum, un todo gratis. Asimismo, González exteriorizó su preocupación sobre el estado de la convivencia entre los ciudadanos “todavía no ha bajado de las élites a la ciudadanía, pero me preocupa que desde arriba se esté incidiendo en romper la convivencia”. En este sentido, se está filtrando por el Gobierno y sus juristas la conveniencia de la amnistía para mejorar la convivencia cuando el efecto sería el contrario, el efecto bumerán, la crispación ya existente en la calle que no quieren ver.

Sobre la amnistía, Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, ha dicho recientemente en el Diario El Mundo que una eventual ley de amnistía supondría la ruptura del pacto constitucional, dado que no hay ninguna sociedad democrática que tenga el derecho a suicidarse. Y no solo por el conflicto que supone con los principios constitucionales, como la división de poderes, sino porque la democracia española no puede negar su condición de democrática y el derecho a castigar a aquellos que se rebelan contra ella. La amnistía provocará un seísmo en las bases del sistema constitucional, dado que viola flagrantemente el principio de la separación de poderes, violando así el Estado de Derecho. Todas las instancias de control y de garantía en la aplicación de la ley han sido colonizadas. El caso extremo es el Tribunal Constitucional. Sánchez ha configurado un TC a su medida y los independentistas alardean de su relación directa con Pumpido. Le falta el TS, que tendrá que decidir si es aplicable la ley de amnistía.

 Más aún, hace unos días en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid del que formo parte, se celebró una jornada intitulada “el desafío constitucional de la ley de amnistía” en la que participaron Pascual Sala, expresidente del TC, Encarnación Roca,  exvicepresidenta de dicho tribunal, y Enrique Gimbernaut, catedrático emérito de Derecho Penal. El primero en intervenir fue el maestro Gimbernaut quien, entre otras cuestiones, adujó  que la amnistía es un indulto de carácter general camuflado, recordando que el art. 62.1 de la CE prohíbe los indultos generales. Y, si no se puede lo menos, no se puede lo más, que es la amnistía. La amnistía es inconstitucional porque borra el delito, aunque no haya sentencia firme. Se anulan sus antecedentes penales y desaparece la inhabilitación. En realidad, continuó diciendo, lo que se pretende amnistiar es el delito de malversación que es robar de los fondos públicos. En el caso catalán se apoderaron de fondos públicos para montar un referéndum que perseguía separarse de España. Lo pagamos todos los españoles. También destacó que la constitución alemana prohíbe los partidos políticos que ponen en peligro la unidad de la nación. Si se aplicara esa Constitución en España Junts, ERC y Bildu serían inconstitucionales. Estarían prohibidos. Después Encarnación Roca manifestó que la amnistía puede ser una consecuencia de la derogación del delito de sedición, pero queda la malversación que podría comportar una serie de consecuencias muy comprometidas para España en relación a Europa. También señaló que lo que está en juego en estos momentos es la supervivencia del propio Estado de Derecho, la división de poderes. Y recordó que los jueces y magistrados tienen la obligación de presentar una cuestión de inconstitucionalidad siempre que duden del encaje de una norma en la Carta Magna. Por último, Pascual Sala afirmó que si el motivo de la amnistía es conseguir los votos para gobernar sería arbitrario y por tanto inconstitucional. Pero si el objetivo es facilitar la convivencia ciudadana es otra cosa. Se mostró defensor de la indisolubilidad de España, a la vez que defendió una ley de amnistía sólo cuando persiga un encaje constitucional y siempre que los beneficiados acaten la Constitución.

La ley de amnistía está más que pactada por sus actores, socios y demás nacionalistas. No es que el Gobierno vaya a usar la mayoría progresista del TC; es que ya sabe lo que tiene que hacer. No obstante, Europa puede intervenir para frenar este totalitarismo, apoyado por los enemigos de España. El comisario de Justicia de la UE Didier Reynders ya advirtió a España de los límites de la amnistía, referente al valor del Estado de Derecho. En este sentido, si el Estado de Derecho está en riesgo en un país  lo que peligra es la propia UE, puesto que según el art. 2 del Tratado de la Unión Europea los Estados miembros deben respetar los valores fundamentales de libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos. Y, el art. 7 de dicho Tratado permite el inicio de un procedimiento contra un  Estado miembro cuando se constata la existencia de un riesgo claro de violación grave de algunos de los valores fundamentales de la UE y puede finalizar con una suspensión de los derechos de voto.

Si los ciudadanos carecen de derechos y libertades, no están comprometidos con las decisiones adoptadas y, por lo mismo, su rebelión estaría justificada. Si han podido exponer sus razones, han de respetar las decisiones. Quienes no estén de acuerdo, pueden marcharse del territorio político, pero no llevarse lo que es de todos, decía Félix Ovejero. Ya me recojo no sin antes recordar la cita de Marco Tulio Cicerón (Cicerón, contra Verres) que el Presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, utilizó en su discurso de apertura del año judicial: “Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación”. La amnistía sería un golpe mortal al Estado de Derecho y la desintegración de nuestra sociedad ya paniaguada por las subvenciones y por ende adormecida. Ahora concluyo con otra de las frases del político y filósofo romano “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.

Autor: Manuel Novás Caamaño | Abogado