Denuncian el incremento de agresiones a guardias civiles sin que el Gobierno tome medidas para evitarlas

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Desde el inicio de año, más de 60 guardias civiles han sufrido lesiones de diferente consideración  por agresiones sufridas durante el servicio y el último semestre del año pasado se registraron 383.

Agresiones que han ido aumentando año tras año

La asociación de guardias civiles AEGC ha pedido en numerosas ocasiones que se tomen medidas para evitar que los guardias civiles continúen siendo el saco de boxeo al que todo el mundo puede golpear porque las consecuencias penales son irrisorias, con multas que la mayoría de las veces no se pagan por insolvencia del agresor, o de tratarse de turistas, ni se presentan en los juicios.

Al final, son los guardias civiles los que tienen que recurrir otra vez a los tribunales para denunciar al Estado y que subsidiariamente resarza del daño sufrido.

Consideran desde esta asociación, que parte de este problema se podría solucionar, al menos, en el caso de agresiones de extranjeros, con la celebración de juicios rápidos.

Una de las agresiones producidas esta semana tuvo lugar en el aeropuerto de Lanzarote, donde un turista que dejó a tres agentes en el hospital. “El individuo ya está en su hotel disfrutando de sus vacaciones, en unos días volverá a su país sin haber respondido ante la justicia”, remarcan.

Esta es la razón por la que AEGC reclama a Interior su compromiso de que todos los guardias civiles que sufran agresiones durante el transcurso de su servicio cobren las indemnizaciones sin tener que volver a recurrir a la justicia para que el Estado sea condenado subsidiariamente.

La celebración de estos juicios rápidos sería, a su juicio, una solución de paso hasta que el Gobierno lleve adelante el cambio de consideración jurídica, en la que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean considerados autoridad, como lo son los jueces, médicos, profesores o los señores y señoras diputados.

Sólo este cambio supondrían penas mayores que disuadiría a los agresores, ya que tendrían ante sí un panorama penal más grave que una multa de 1000 o 2000€.

En AEGC consideran que este cambio es sólo cuestión de buena voluntad, se acaba de hacer con los vigilantes jurados y con los funcionarios de prisiones a los que ya se considera agentes de la autoridad, ¿Por qué entonces no se puede hacer los mismo con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Un cambio que debe ir acompañado de medidas de seguridad para evitar estas agresiones, porque muchas de ellas podrían ser evitables si los agentes contaran con una táser cada uno, que además de protegerlos también salvaguardan la integridad de los agresores. “¿Qué hubiera ocurrido en el aeropuerto de Lanzarote si uno de los agentes hubiera podido usar una? Posiblemente ahora no estaríamos hablando de guardias civiles heridos.”

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