Durante años, miles de hombres y mujeres han decidido opositar a la Policía Nacional o la Guardia Civil movidos por una vocación de servicio, por el deseo de proteger a los ciudadanos y formar parte de una institución con historia y valores. Sin embargo, cada vez son más los que, tras superar duras pruebas físicas, psicológicas y académicas, se enfrentan a una realidad laboral que dista mucho de lo prometido. La frustración crece, y con ella, el número de agentes que se replantean su futuro.
La equiparación salarial: una promesa incumplida
Uno de los principales motivos de desmotivación es la falta de equiparación salarial entre los cuerpos estatales (Policía Nacional y Guardia Civil) y sus homólogos autonómicos y locales. A pesar de realizar funciones equivalentes —y en muchos casos, más exigentes— los agentes estatales perciben hasta 500 euros menos al mes durante su vida activa y 900 euros menos tras la jubilación.
- Sueldo medio Policía Nacional / Guardia Civil: ~2.000 €/mes
- Sueldo medio Mossos d’Esquadra / Ertzaintza / Policía Foral: ~2.500 €/mes
- Diferencia en pensión de jubilación: hasta 30% menos
La cláusula octava del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, que prometía una ley para evitar futuras desigualdades, sigue sin aplicarse. Sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado en los últimos años que esta brecha salarial vulnera el principio de “igual salario por igual trabajo”. Sus reivindicaciones incluso han traspasado fronteras nacionales pero ni tan siquiera alzando la voz a nivel internacional han conseguido que el Gobierno de España apruebe el 100% del acuerdo firmado quedando en un simple parche temporal.
Jubilación: más años trabajados, menos dinero
Mientras los policías autonómicos pueden jubilarse a los 59 años con el 100% de su pensión, los agentes estatales deben esperar hasta los 65 años, o aceptar una reducción significativa en sus prestaciones pasando a la segunda actividad o reserva. Esta diferencia no solo afecta a la calidad de vida del agente retirado, sino que desincentiva la permanencia en el cuerpo.
Muchos veteranos, conscientes de que perderán miles de euros al año tras su jubilación, buscan alternativas laborales o inversiones paralelas para amortiguar el golpe económico desvinculándose día a día de su apego por la profesión. La falta de reconocimiento como profesión de riesgo agrava aún más esta situación.
¿Profesión de riesgo? Para el Estado, no
Aunque enfrentan agresiones, tiroteos, persecuciones y situaciones de alto estrés, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil están reconocidas oficialmente como profesiones de riesgo. Esto contrasta con cuerpos como los Mossos, Ertzaintza o incluso bomberos y toreros, que sí gozan de ese estatus.
Este reconocimiento permitiría:
- Jubilación anticipada sin penalización
- Mejores condiciones laborales
- Mayor protección jurídica
Doce sindicatos y asociaciones han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional para exigir este reconocimiento. La respuesta del Ministerio del Interior ha sido, hasta ahora, el silencio.
Burocracia, presión social y desgaste emocional
A la desigualdad económica se suma la burocracia interna, la falta de turnos estables, la presión social y el desgaste psicológico. Muchos agentes denuncian que trabajan más horas que sus compañeros autonómicos, con menos recursos humanos o materiales y menor conciliación familiar.
La falta de inversión en equipamiento, como inmovilizadores electrónicos o chalecos antibalas, también ha sido señalada por los sindicatos como un factor de riesgo creciente.
¿Y los opositores? Miran hacia otro lado
Ante este panorama, cada vez más opositores optan por cuerpos autonómicos o locales, donde las condiciones salariales, laborales y de jubilación son más atractivas. La vocación ya no basta cuando el mercado laboral ofrece mejores alternativas.
Una profesión que merece justicia
La Policía Nacional y la Guardia Civil son pilares fundamentales de la seguridad en España. Pero si el Estado no reconoce su labor con justicia salarial, condiciones dignas y protección jurídica, seguirá perdiendo talento, vocación y compromiso.
La reivindicación no es solo económica. Es una cuestión de dignidad profesional. Porque quien protege a los ciudadanos merece ser protegido por el Estado.
Vergüenza de gobierno progresista, pero para irse de vacaciones a a todo tren si claro q son progresistas.
Pero también para los anteriores gobiernos q tampoco éramos profesión de Riergo ni equiparando.
Pero este mucho peor por q se denomina progresista jaja.
Sobretodo este gobierno de mamarrachos asquerosos nos arrancó votos prometiendo una equiparación y una jubilación digna equiparada a otras policías del estado pero en la ILP empezó la traición ningún policía y guardia civil jamás deberá votar socialismo hasta que un antisanchista cumpla lo prometido ….y no este ninguno de sus palmeros ni uno tiene palabra….