Autor: Luis Fernando Gomez de Estevez | Doctorado en Derecho, master en seguridad
La presencia de vigilantes de seguridad privada en edificios públicos es una realidad consolidada desde hace años. Controlan accesos en sedes gubernativas, edificios autonómicos, dependencias municipales y, de forma especialmente visible, en los juzgados. Su labor es conocida: identificación de visitantes, gestión de flujos de entrada, detección de objetos prohibidos, primeros filtros de seguridad y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en tareas no estrictamente policiales.
Sin embargo, una pregunta empieza a abrirse paso en el debate público y profesional: ¿por qué no extender este modelo a comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil, especialmente en aquellas dependencias con gran afluencia de ciudadanos como las oficinas de expedición del DNI y pasaporte?
Un escenario que ya existe… pero no en las FCSE
En la mayoría de administraciones públicas, los vigilantes ya realizan funciones de control de acceso con plena normalidad. La ciudadanía lo asume como parte del funcionamiento habitual de cualquier edificio institucional. La seguridad privada se ha profesionalizado, se ha tecnificado y opera bajo una normativa estricta y supervisada por el propio Estado.
Pese a ello, en comisarías y cuarteles sigue siendo habitual ver a policías y guardias civiles dedicados a tareas de recepción, control de entrada, custodia de llaves o gestión de colas. Funciones necesarias, sí, pero que no requieren la condición de agente de la autoridad.
¿Tiene sentido mantener a agentes en puestos no operativos?
La cuestión de fondo es estratégica: cada policía o guardia civil que permanece en un control de acceso es un agente menos patrullando, investigando o reforzando unidades saturadas.
En un contexto de déficit de efectivos, jubilaciones masivas y aumento de la carga operativa, liberar a estos profesionales de tareas administrativas o de vigilancia estática podría suponer un impulso inmediato para la seguridad ciudadana.
Imaginemos el impacto:
- Más patrullas en la calle.
- Refuerzo en unidades de seguridad ciudadana.
- Mayor capacidad de respuesta ante emergencias.
- Menos tiempos de espera en servicios esenciales.
Todo ello sin reducir la seguridad en las dependencias policiales, sino reorganizándola.
¿Están preparados los vigilantes para asumir ese rol?
Los vigilantes de seguridad ya trabajan en entornos sensibles: juzgados, edificios de Hacienda, consejerías, ayuntamientos, hospitales, estaciones de transporte… Su formación incluye control de accesos, detección de amenazas, actuación ante incidentes y coordinación con las FCSE.
Además, su presencia en comisarías no implicaría sustituir funciones policiales, sino asumir tareas auxiliares que hoy ocupan a agentes plenamente operativos.
La clave sería definir con precisión:
- Qué funciones pueden delegarse.
- Qué protocolos de coordinación serían necesarios.
- Qué dependencias requieren presencia policial directa y cuáles no.
Un debate abierto: eficiencia, seguridad y modelo de servicio público
La cuestión no es menor. Afecta a la organización interna de las FCSE, al papel de la seguridad privada y a la percepción ciudadana del servicio público.
Quienes apoyan esta posibilidad argumentan que es una medida lógica, eficiente y ya aplicada en otros países europeos. Quienes la rechazan temen una “privatización encubierta” de funciones policiales o una pérdida de control en espacios especialmente sensibles.
Pero quizá el debate no sea “policía o vigilante”, sino cómo optimizar recursos sin comprometer la seguridad.
¿Y si es el momento de replantearlo?
La realidad es que miles de ciudadanos acuden cada día a dependencias policiales para trámites administrativos. En esos espacios, la función policial no es operativa, sino de atención y control. Delegar parte de esas tareas en vigilantes permitiría que los agentes destinados a puestos estáticos pasaran a reforzar unidades operativas, especialmente en seguridad ciudadana.
En un país donde la demanda de presencia policial en la calle es constante, la pregunta ya no es si se puede hacer, sino si tiene sentido no hacerlo.
Autor: Luis Fernando Gomez de Estevez | Doctorado en Derecho, master en seguridad
