En el entramado de cuerpos policiales que velan por la seguridad en España, hay uno que opera en silencio, lejos de los focos mediáticos, pero en primera línea de fuego contra el crimen organizado: el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria. Sus agentes patrullan mares, interceptan cargamentos de droga, desmantelan redes de contrabando y blanqueo de capitales, y combaten el fraude fiscal y la economía sumergida. Sin embargo, a pesar de sus competencias de alto riesgo y su contribución esencial a la seguridad del Estado, estos profesionales sufren una discriminación salarial que clama al cielo.
Competencias de alto nivel, sueldos de segunda
Los agentes del SVA no son meros funcionarios administrativos. Son policías especializados que actúan como investigadores antinarco, técnicos marítimos, expertos en inteligencia fiscal y operativos de campo. Participan en operaciones conjuntas con Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos autonómicos, enfrentándose a situaciones de máxima peligrosidad. Y lo hacen con menos medios, menos reconocimiento y, sobre todo, con sueldos que pueden ser hasta un 47% inferiores a los de otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra.
Un agente de Vigilancia Aduanera con nivel administrativo 18 y un trienio cobra alrededor de 1.667 euros líquidos al mes, frente a los 2.280 euros que percibe un mosso de la escala básica. Esta brecha salarial no solo es injusta, sino que pone en riesgo la operatividad del servicio: hay agentes que comparten alojamiento por no poder pagar un alquiler, y veteranos que siguen abordando narcoveleros con más de 60 años porque no pueden permitirse la jubilación.
Reivindicaciones del colectivo: justicia, dignidad y medios
Ante esta situación, los agentes del SVA han comenzado a organizarse. En octubre de 2024 se registró la Asociación Nacional de Vigilancia Aduanera, base de la plataforma JUSVA (Justicia Salarial de Vigilancia Aduanera), que agrupa ya a casi la mitad de la plantilla nacional. Sus principales reivindicaciones son:
- Equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales del Estado, especialmente los autonómicos.
- Reconocimiento institucional de sus competencias policiales y de investigación.
- Mejora de medios materiales y humanos, especialmente en las áreas marítimas.
- Jubilación anticipada para agentes que realizan tareas de riesgo físico continuado.
- Transparencia en la distribución de productividad, que actualmente presenta opacidad y desigualdad, especialmente en perjuicio de las mujeres.
Un cuerpo clave, relegado al olvido
La discriminación salarial no es solo una cuestión de dinero. Es una forma de invisibilizar a un colectivo que trabaja en condiciones extremas, con una vocación de servicio público incuestionable. Mientras otros cuerpos policiales reciben mejoras retributivas y reconocimiento social, los agentes de Vigilancia Aduanera siguen esperando que el Ministerio de Hacienda escuche sus demandas.
Desde este medio, nos sumamos a su reivindicación: no puede haber seguridad fiscal ni lucha eficaz contra el crimen organizado si quienes la ejecutan son tratados como funcionarios de segunda. La justicia salarial no es un privilegio, es un derecho.
📝 Por Jos Puig, para h50.es
Una duda… si en la AEAT hay 27.000 trabajadores y se necesita tener el 10% (2.700 trabajadores) para poder defender los derechos de los compañeros del SVA como lo pretende resolver esta asociación? Además, las asociaciones NO tienen capacidad legal de negociación, yo solo planteo estas dudas por si alguien de JUSVA me puede responder a las mismas. Muchas gracias y un saludo