Una juez investiga si hubo delito por permitir el 8M ignorando el avance del coronavirus

La acusación se hacía extensiva a todos los delegados de Gobierno de España y, al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, la juez se ha tenido que inhibir al exceder dichas pretensiones de su radio competencial

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La titular del juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, doña Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una investigación penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo,  para determinar si pudo incurrir en delito por autorizar la manifestación feminista del 8M. La denuncia proviene de un particular.

Así lo señala el diario EL MUNDO en el día de hoy. Y es que a nadie se le escapa que uno de los grandes interrogantes que circulan en la opinión pública es el porqué se autorizó la celebración del 8M, a la que acudieron más de 120.000 personas, alentadas por el Gobierno como se pudo ver a través de diferentes medios de comunicación los días previos.

En la denuncia, la acusación se hacía extensiva a todos los delegados de Gobierno de España y, al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, la juez se ha tenido que inhibir al acceder dichas pretensiones de su radio competencial.

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José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid / Wilkipedia

En cualquier caso, la magistrada analizará la actuación del Ejecutivo alrededor del 8M para dilucidar los interrogantes que se ciernen sobre el verdadero alcance de responsabilidad del delegado Franco Pardo,  por no suspender dichos actos, ante las alertas suscitadas sobre el imparable avance de contagios por coronavirus.

Conviene recordar que el delegado del Gobierno, autorizó diferentes actos públicos mulitudiarios en Madrid, los días 7 y 8 de marzo, sin al aparecer, tener en cuenta los datos de contagios por COVID-19 de principio de marzo e ignorando el informe emitido el 2 de marzo por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, según señala el diario EL MUNDO.

A fin de esclarecer los hechos, la magistrada ha ordenado un informe forense que determine si los actos públicos autorizados entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración”.

También solicita que dicho informe forense aclare “si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó”. “Por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus covid-19”

Asimismo se deberá saber si “las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno”, se hizo “advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios” de acudir a las mismas, y si se proporcionó a los asistentes medidas de prevención como guantes y mascarillas.

Rodríguez-Medel también ha encargado a la Guardia Civil un informe para conocer las consideraciones y curso que se le dio al informe emitido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

En cualquier caso, la magistrada no considera la resolución de la denuncia urgente y,en todo caso, se dirimirá una vez finalice el estado de alarma, a fin de no consumir recursos del departamento forense ni de la Guardia Civil, cuya acción prioritaria se debe centrar en la lucha contra el coronavirus.

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