El representante del sindictato STAP-Canarias, Domingo Vicente Chávez, ha cargado duramente en el diario El Día contra la Policía Nacional de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Les acusa de no acudir a los servicios que se les encomienda, derivándolos deliberadamente a la Policía Local del municipio.
El sindicalista pone en duda la falta de efectivos que argumenta la Policía Nacional a la hora de solicitar la colaboración de la Policía Local en ciertas ocasiones y dice que esto “crea malestar” entre los integrantes de la policía local: “no es una cuestión de que no haya patrullas , como nos dicen”, asevera.
Chávez va más allá en sus acusaciones y expone que “muchas veces se encuentra por el camino a patrullas inactivas” o “paradas en puntos concretos, sin efectuar ningún tipo de servicio y sin atender al requerimiento al que se ha derivado a las policías locales”.
“Es muy frecuente que se active a las patrullas de las policías locales para afrontar servicios de orden público e incidencias ciudadanas como, entre otras, violencia de género , reyertas o incidentes donde inicialmente se activa a la Policía Nacional por ser materia de competencia directa”.
Indignación entre los agentes policiales
Indignación es la palabra que resume el sentimiento de muchos de esos policías nacionales que cada día se enfundan su uniforme para garantizar la seguridad ciudadana y la paz pública en las calles de La Laguna. Indignación igualmente en gran parte de los policías locales que no se sienten identificados con las palabras de Chávez. Así se lo han transmitido a este medio.
Los sindicatos SUP, UFP y Asipal Csl (sindicato de la Policía Local de La Laguna) han emitido diversos comunicados de rechazo ante las acusaciones y apreciaciones vertidas en el periódico El Día por el representante de STAP.
No parece un ejercicio de responsabilidad que un sindicalista trate de dinamitar, a través los medios de comunicación, las excelentes relaciones entre los policías de ambos cuerpos, que trabajan codo con codo para que nuestras ciudades sean más seguras.
Es cierto que la falta de efectivos policiales es un lastre en muchas comisarías de España, y en el caso de La Laguna no es distinto. Ahora bien, cuesta entender que un sindicato, aunque sea tan minoritario como éste, reniegue públicamente del deber de cooperación que le exige la ley (art.3 LO 2/86 de FFCCS).
Llama la atención que trate de eximir a la Policía Municipal de su deber inexcusable encomendado en el artículo 1.3 de la LO2/86, “Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos”, y en el artículo 1.4, “El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Menosprecio a las víctimas de violencia de género
Especialmente sangrante es el menosprecio que profiere a las víctimas de violencia de género, rehusando incomprensiblemente que este tipo de servicios asistenciales sean atendidos también por la Policía Local.
Es inaudito. Una víctima que demanda ayuda policial urgente no distingue entre el color del uniforme que le asiste, sólo precisa ayuda. Se los aseguramos.
Chávez pasa por alto que una de las competencias directas de la Policía Local es cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello (art.53.i LO 2/86). ¿Cómo no van a acudir a las “incidencias entre ciudadanos”?
Degradación de la imagen, humillación y calumnias a una intuición policial
El representante del sindicato minoritario STAP-Canarias ha dado buena cuenta de su profundo desconocimiento de la labor policial que la ley encomienda a sus compañeros en materia de seguridad ciudadana. Así que no le vamos a exigir que conozca las funciones de la Policía Nacional.
La próxima vez que abandone su despacho y vea una patrulla de la Policía Nacional “inactiva” o “parada en puntos concretos” piense que quizás, entre otros cometidos, esté dando seguridad en el exterior del domicilio de una víctima de violencia de género, declarada de “riesgo extremo”. Desgraciadamente un hecho más frecuente de lo deseado.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber inherente de perseguir de delitos. Afirmar que no lo hacen es acusar sin pruebas y podría derivar en un delito.
El delito de calumnias se basa en la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (art.205 CP).
Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses (art.206 CP)
Un intento fallido de generar disputas y crispación que han conseguido unir aún más a ambos Cuerpos en un objetivo común: la seguridad de los ciudadanos.
Una rectificación pública parece la vía más sensata para zanjar este desagradable episodio.
Creo 1 una rectificación pública y después reunirse con los otros sindicatos y aclarar los presuntos desvíos de actuaciones y no hacer público menosprecio de las demás fuerzas del orden en la isla eso va en detrimento de la eficacia de la Policía Nacional