La Audiencia Provincial impone penas de cárcel por agresión sexual y cooperación necesaria; los acusados, de nacionalidad rumana, reconocen los hechos ante la posibilidad de ser expulsados de España
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 12 años de prisión a dos hombres, ambos mayores de edad y de nacionalidad rumana, por la violación de una mujer en un descampado de Valencia en 2025. La sentencia se ha dictado tras la celebración del juicio, en el que los acusados admitieron los hechos.
Según ha informado Las Provincias, el reconocimiento de culpabilidad se produjo en un contexto en el que las defensas buscan obtener la expulsión del país una vez los condenados hayan cumplido un tercio de la pena, una medida que deberá resolverse en fase de ejecución de sentencia.
Agresión sexual en un descampado
Los hechos juzgados se remontan a 2025, cuando la víctima fue abordada en un descampado de la capital valenciana. Uno de los acusados ejerció como autor material de la violación, mientras que el segundo y supuesta pareja de la víctima actuó como cooperador necesario, facilitando y asegurando la agresión.
La Fiscalía y las acusaciones particulares sostuvieron durante el juicio que ambos actuaron de forma coordinada, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y la falta de testigos en la zona.
Penas y responsabilidad penal
La Audiencia Provincial ha impuesto 12 años de prisión a cada uno de los procesados, además de las correspondientes prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, así como el pago de una indemnización por daños físicos y psicológicos.
El tribunal ha considerado acreditado que existió una agresión sexual consumada y una participación directa y esencial por parte del cooperador, lo que justifica la equiparación de penas.
Posible expulsión del país
Las defensas han anunciado que pelearán la expulsión de los condenados una vez cumplan el tiempo mínimo exigido por la ley. Esta medida, habitual en casos de delincuentes extranjeros condenados por delitos graves, deberá ser valorada por el juez de vigilancia penitenciaria.
La eventual expulsión abriría de nuevo el debate sobre la eficacia de las medidas de alejamiento, el control de reincidencia y la coordinación entre sistemas judiciales europeos.
Un caso que reaviva el debate sobre seguridad y reincidencia
La sentencia vuelve a situar en el centro del debate público la respuesta penal frente a los delitos sexuales, la protección de las víctimas y la gestión de delincuentes extranjeros condenados por delitos graves.
Colectivos profesionales y asociaciones de víctimas insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, seguimiento y apoyo psicológico, mientras que operadores jurídicos reclaman mayor claridad en los criterios de expulsión y en la cooperación judicial internacional.
