Ernesto Vilariño, secretario nacional de JUCIL*
En estos días en los que se acaba de cumplir un año desde que, el 8 de agosto de 2024, el expresidente Carles Puigdemont reapareció de forma inesperada en Barcelona y logró marcharse sin ser detenido, pese al amplio despliegue policial activado para evitarlo, es necesario volver la vista atrás y preguntarnos si realmente se actuó con todos los recursos disponibles. Lo hizo en pleno corazón de la ciudad, rodeado de cámaras y simpatizantes, y aun así consiguió eludir la acción de la justicia.
Desde JUCIL, como asociación profesional de la Guardia Civil, no pretendemos entrar en valoraciones políticas ni judiciales. Sin embargo, consideramos imprescindible reflexionar sobre lo ocurrido: ¿fue el dispositivo planteado el más adecuado? ¿Se actuó con la mejor combinación de medios disponibles? ¿Habría sido distinto el resultado si la Guardia Civil hubiera estado presente?
Estas preguntas no son cuestiones menores ni se responden con especulaciones, sino con análisis operativo y visión de Estado. Y es aquí donde salta una cuestión preocupante: la exclusión sistemática de la Guardia Civil en Cataluña, incluso en actuaciones de máxima relevancia institucional. Un año después de aquellos hechos, lo único claro es que se renunció a contar con un cuerpo con más de 181 años de historia, neutralidad demostrada, amplia experiencia en gestión de crisis y una capacidad de despliegue y coordinación interterritorial que pocos pueden igualar.
En Cataluña, la Guardia Civil ha desempeñado históricamente funciones fundamentales: seguridad ciudadana, vigilancia fiscal y aduanera, control de fronteras, protección de autoridades, investigación criminal… Esta retirada progresiva y silenciosa de nuestra presencia no ha ido acompañada de ningún debate público serio ni de una justificación técnica. Pero sus consecuencias, en términos operativos y de percepción ciudadana, empiezan a hacerse visibles. Cuando se prescinde de un recurso del Estado por razones ajenas a su eficacia, el resultado siempre es una pérdida colectiva.
Sabemos que determinadas competencias están transferidas, y no lo cuestionamos. Pero sí alertamos de un constante empeño en no aprovechar el potencial complementario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su conjunto. La Guardia Civil no compite con nadie: coopera, refuerza, suma. Excluir a la Benemérita es debilitar la capacidad del Estado para dar respuesta integral y coordinada a desafíos de alta sensibilidad.
Prueba de ello es que incluso algunos ayuntamientos de la comarca de la Cerdanya —con una orientación política mayoritariamente independentista— han solicitado recientemente, a través de una moción presentada en pleno promovida por JUCIL, que la Guardia Civil permanezca en Cataluña. Este gesto, que trasciende ideologías, confirma que nuestra labor es valorada allí donde realmente importa: en el día a día de la ciudadanía, en la seguridad de sus calles y en la garantía de sus derechos.
Defender a la Guardia Civil no es ir contra nadie. Respetamos el trabajo de los Mossos d’Esquadra, que también cumplen una función esencial para la seguridad en Cataluña. Pero sería un error plantear esto como una competencia entre cuerpos. La unión de todas las fuerzas de seguridad del Estado siempre suma, especialmente cuando está en juego la legalidad constitucional y la igualdad de derechos entre ciudadanos, vivan donde vivan.
El caso Puigdemont fue un ejemplo claro de desconexión operativa. No podemos afirmar con certeza qué habría ocurrido si la Guardia Civil hubiese intervenido, ni si se habría producido un resultado distinto. Si bien no tenemos certeza sobre qué habría ocurrido si la Guardia Civil hubiera estado presente en aquel dispositivo, ni si se habrían impartido órdenes contradictorias, lo que sí sabemos es que nuestra exclusión impidió siquiera valorar esa posibilidad, desaprovechando la experiencia, la formación y la capacidad de reacción de nuestras unidades. En resumen, nuestra ausencia impidió simplemente la posibilidad de aportar lo que mejor sabemos hacer: servir y proteger con profesionalidad y neutralidad.
Desde JUCIL, reiteramos una vez más la disposición absoluta de la Guardia Civil a colaborar en cualquier misión de seguridad que se le encomiende. Lo hemos hecho siempre, en todos los rincones de España, con profesionalidad, vocación de servicio y neutralidad. Y lo seguiremos haciendo. Confiamos en que, en el futuro, las decisiones operativas se adopten en base a criterios técnicos y no a intereses ideológicos o partidistas. La seguridad del Estado, la igualdad de todos los ciudadanos y la eficacia de las instituciones deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración.
