UIP, Barcelona y fuerza.
Los últimos resultados de los disturbios de Barcelona que arrojan diferentes medios en algunos casos son estimados, como los violentos que se estiman en 400 según el Ministro de Interior. El balance de Mossos arroja un total de 83 detenidos, 183 heridos y 18 policías heridos. Pero en Una Policía para el Siglo XXI nos gustan los datos, su análisis y proponer medidas; no quedarnos en los simples números, aunque sea aproximados, según los datos, de los heridos un 10 % son policías, de los violentos un 21 % han sido detenidos y un 46 % de los violentos habrían sido heridos. Esto último con margen de error, partiendo de la premisa que los detenidos y los heridos no son manifestantes ni periodistas, sino violentos.
De lo anterior se destila que para detener a los 400 violentos, deberían multiplicarse por 5 el número de policías heridos, que ascendería a 92, un precio demasiado alto para obtener un 100 % de eficacia policial, para una medida tan cortoplacista como es la detención y una pena máxima tan ridícula como seis años de prisión, por delitos que en el País Vasco serían considerados de terrorismo y cuyas penas serían más importantes. También se deduce que un policía herido es el coste de cada dos detenidos o de cada nueve heridos.
Pero hay más detalles y están en la retórica que es otra batalla ganada por los independentistas. En primer lugar los medios más simpatizantes con el secesionismo llaman manifestantes a los violentos, como si fuera lo mismo un jubilado que un encapuchado. En segundo lugar muchos periodistas guiados por el desconocimiento, se empeñan en repetir eso del “monopolio de la violencia por el estado” para hablar del “uso de la fuerza por la Policía”. Están usando un término acuñado por el sociólogo Max Weber en el Siglo XIX, obsoleto fuera del contexto académico de las ciencias políticas y la sociología. En las ciencias de la seguridad modernas el estado no monopoliza la violencia, esto lo hacen los terroristas, el estado hace uso de la fuerza.
Diferenciar entre fuerza y violencia en la comunicación es fundamental, porque hay que marcar la diferencia entre policías y terroristas, entre los que dan seguridad y los que siembran el terror en nombre de su religión o su país imaginario.
Poner a toda la violencia al mismo nivel también es necesario, porque no se puede seguir llamando “desórdenes públicos” o “disturbios” a lo mismo que en el País Vasco llamaríamos terrorismo o a lo que en ciencias de la seguridad se llama “insurgencia”. No estamos ante manifestantes ni ante desórdenes públicos, estamos ante un movimiento insurgente y ha de recibir ese tratamiento. La ambigüedad produce víctimas y debilita al Estado. Llamar a las cosas por su nombre es fundamental, los militares lo saben y por eso Marlaska prefiere a la Policía a desplegar a los GRS.
En un escenario operativo en que actuaran los GRS de la Guardia Civil las cosas serían diferentes. Partimos de que los militares tienen algo que limita la autonomía al poder político y evitaría que oficinistas que han aprobado una oposición como el ministro Marlaska o el delegado del Gobierno en Cataluña y comisarios que no han hecho un detenido, dirijan operaciones policiales. De entrada, tienen las cosas claras y llamarían a este movimiento como lo que es: “insurgencia” y no “disturbios, algaradas o desórdenes públicos”. La respuesta sería de una operación anti-insurgencia, pero el escenario político para el PSOE tal vez sería diferente para el próximo 11:11.
Si algo hacen bien los militares es que despliegan sus medios con un criterio dentro de un proyecto más amplio, por ejemplo, dar seguridad a la Jefatura Superior o avanzar posiciones para ganar territorio. En el caso de la Policía existe una ambigüedad mucho mayor que aumenta la discrecionalidad del burócrata sobre el operativo, que permite mantener el equilibrio de 1 policía herido por cada 2 detenidos y por cada 9 heridos. Este coste tan elevado es necesario para que el poder político pueda negociar, será puesto sobre la mesa por el ministro cuando todo acabe para vender a los heridos como un “sacrificio propio” y no parecer autoritarios frente a la comunidad internacional y a sus potenciales aliados de ERC en caso de gobernar.
Otro aspecto a favor de los militares con el que no cuenta la policía civil y que no quieren los oficinistas, es que cuentan con ROE (Rules Of Engagement) o reglas de enfrentamiento, se trata de derecho procesal sobre el uso de la fuerza que permite definir: “qué es proporcional y qué no lo es”. Hay cuerpos de policía civil de otros países que cuentan con esta regulación para definir qué es la proporcionalidad y cómo se aplica, de manera que no aparezca el oficinista de turno a decirle al policía que recibe una agresión, cómo tiene que defenderse y qué medios puede emplear. Todo está tasado de antemano porque se trata de derecho público y el agresor asume el riesgo de las consecuencias, dentro de la ley el riesgo no lo asume el agente, la Fiscalía y el Juez tienen a qué atenerse a la hora de evaluar la intervención policial, los policías también saben cómo tienen que escribir sus operaciones. La seguridad jurídica es para todos.
El ejemplo más empleado de regulación del uso de la fuerza es el modelo canadiense. Un sistema que pretende el uso de la fuerza mínima imprescindible, concepto que en España solo se conoce en la teoría, cuya aplicación es ambigua y depende de los jueces, pero que además se ajusta al derecho internacional. Concretamente a lo que dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
En Una Policía para el Siglo XXI creemos que de la misma manera que a un policía de investigación no le dice el ministro como tiene que investigar un homicidio, no le dice el delegado del Gobierno como ha de investigar a una banda de atracadores y a un policía de seguridad ciudadana no le dice un comisario como tiene que detener a un carterista, apostamos porque lo mismo se aplique a la seguridad ciudadana en general y a las unidades de intervención en particular respecto al uso de la fuerza. Más que nunca en este momento, ahora que se encuentra sobre la mesa el debate del uso de defensas extensibles y pistolas eléctricas.
Aplicar el modelo canadiense de proporcionalidad en el uso de la fuerza, en la actual situación de Barcelona, no habría permitido que a los Mossos d’Esquadra les impidieran usar pelotas y a la Policía usar artificios lacrimógenos. Y daría lugar a una serie de consecuencias en cadena beneficiosas para el estado de derecho, como: (1) que los heridos (violentos) tuvieran que asumir legalmente el riesgo al que se exponen y no pudieran invocar su derecho a la manifestación ante un tribunal, no pudiéndose equiparar un insurgente a un jubilado; (2) que la seguridad social les pasara la factura por la atención médica recibida o los seguros de salud se negaran a dar cobertura sanitaria. (3) También daría lugar que los medios de comunicación no dijeran que la Policía ejerce la violencia, sino que ejerce la fuerza y que se llamara insurgencia a lo que ahora llaman disturbios.
