La Unión Federal de Policía (UFP) propone una modificación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para establecer un régimen excepcional que permita considerar, a efectos del control de entradas irregulares y durante un periodo limitado, la totalidad del territorio de Ceuta o Melilla como ámbito fronterizo, cuando exista una situación extraordinaria de presión migratoria que desborde los mecanismos ordinarios.
La situación vivida en Ceuta ha puesto de manifiesto una realidad que debe abordarse desde el ámbito legislativo: la normativa debe ofrecer instrumentos adaptados a episodios excepcionales de entradas irregulares masivas, sin menoscabar las garantías individuales reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, el Derecho de la Unión Europea y el Derecho internacional.
Actualmente, la propia Ley de Extranjería ya reconoce las singularidades de Ceuta y Melilla mediante su disposición adicional décima. Esta permite el rechazo de quienes sean detectados en la línea fronteriza intentando superar los elementos de contención para entrar irregularmente en España, siempre con respeto a la normativa internacional sobre derechos humanos y protección internacional.
El problema aparece cuando, en episodios extraordinarios, numerosas personas consiguen superar ese perímetro y acceder al interior de la ciudad. A partir de ese momento, la actuación administrativa y policial debe acomodarse a procedimientos que pueden dificultar una respuesta inmediata y generar una importante carga burocrática y operativa.
Nos estamos ahogando en nuestra propia legislación. Y cuando una norma concebida para ordenar una realidad termina dificultando la respuesta ante una situación extraordinaria, es necesario estudiar su adaptación a esa nueva realidad.
Por ello, UFP propone incorporar a la Ley Orgánica 4/2000 una nueva disposición adicional que permita al Consejo de Ministros, mediante acuerdo motivado y por tiempo determinado, declarar un régimen excepcional de control fronterizo en la totalidad del término territorial de Ceuta o Melilla cuando concurra una presión migratoria extraordinaria, una emergencia humanitaria u otra situación de especial gravedad que comprometa significativamente la capacidad ordinaria de protección de la frontera exterior.
Durante la vigencia de esa declaración, las personas extranjeras sin autorización de entrada o permanencia que hubieran accedido irregularmente durante ese periodo y fueran posteriormente interceptadas podrían quedar sometidas al procedimiento de devolución del artículo 58 de la Ley Orgánica 4/2000, sin necesidad de tramitar un expediente de expulsión, siempre que concurran los requisitos legales y pueda acreditarse razonablemente su entrada irregular.
La propuesta no plantea devoluciones automáticas ni indiscriminadas
Cada persona deberá ser identificada o suficientemente individualizada y sus circunstancias deberán ser examinadas. Quedarían expresamente excluidos aquellos supuestos en los que exista una solicitud de protección internacional, riesgo de persecución, tortura o trato inhumano o degradante, menores no acompañados, víctimas potenciales de trata, situaciones de especial vulnerabilidad o cualquier otra circunstancia que impida legalmente la devolución.
«Los policías nacionales están realizando un enorme esfuerzo para identificar, custodiar, documentar y tramitar administrativamente la situación de las personas que accedieron irregularmente a Ceuta. Paralelamente, los ciudadanos de la ciudad soportan las consecuencias sociales y de seguridad derivadas de una situación absolutamente excepcional», reivindican desde UFP.
«No podemos pedir permanentemente más esfuerzo a policías y ciudadanos mientras mantenemos intactas herramientas jurídicas que pueden resultar insuficientes ante fenómenos migratorios de una dimensión para la que no fueron diseñadas. Si la realidad ha cambiado, la legislación también debe poder cambiar», manifiestan.
Por ello, UFP solicita al Gobierno y a los grupos parlamentarios que estudien esta modificación de la Ley de Extranjería y habiliten un instrumento jurídico excepcional, temporal y garantista que permita actuar con mayor rapidez cuando Ceuta o Melilla sufran episodios extraordinarios de presión migratoria.
