La Unión Federal de Policía (UFP), a través de su secretario provincial de Cádiz denuncia la situación generada como consecuencia de la solicitud cursada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de fecha 24 de agosto de 2026, mediante la que se requiere el desplazamiento de funcionarios policiales a Ceuta para reforzar aquella plantilla ante la situación excepcional existente y atender, entre otras funciones, la gestión de MENA, la tramitación de expedientes de devolución y otras actuaciones en materia de extranjería.
Indican que el citado escrito contempla inicialmente una comisión de servicio de dos meses, con incorporación inmediata, lo que supone que funcionarios de otras plantillas deban desplazarse temporalmente a Ceuta para atender una necesidad operativa determinada por la propia Dirección General de la Policía.
Desde UFP dejan claro que no cuestionan la necesidad de reforzar la plantilla de Ceuta cuando las circunstancias del servicio así lo exijan. Lo que consideran absolutamente inadmisible es que los policías desplazados tengan que asumir de su propio bolsillo parte de los gastos derivados de una comisión de servicio ordenada para atender necesidades de la propia organización.
Remarcan que las cantidades establecidas en concepto de dietas deben ser suficientes para cubrir los gastos reales de alojamiento, manutención y desplazamiento. Cuando esos gastos superan las cuantías que percibe el funcionario, se produce una situación difícilmente justificable: el policía termina pagando por ir a trabajar.
Por ello, desde UFP exigen al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que adopten las medidas económicas necesarias para garantizar que ningún funcionario destinado temporalmente a Ceuta tenga que sufragar con su salario unos gastos que se originan exclusivamente como consecuencia de las necesidades del servicio.
«No resulta razonable que se reclame disponibilidad, profesionalidad e incorporación inmediata a los funcionarios y, al mismo tiempo, no se les garantice una cobertura económica suficiente durante su estancia». «Estamos hablando de una cuestión económica, pero también de dignidad profesional. Un funcionario no puede verse obligado a reducir su capacidad económica personal o familiar para cumplir una orden de servicio».
«Los policías van a Ceuta a trabajar y a prestar un servicio público, no a financiar con su sueldo una necesidad operativa del Estado»
UFP considera que, si el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía entienden necesario reforzar Ceuta, deben garantizar igualmente los recursos económicos suficientes para hacerlo. Por todo ello, reclaman una solución inmediata que asegure que la totalidad de los gastos razonables derivados de estas comisiones de servicio sean asumidos por la Dirección General de la Policía, evitando que un solo euro tenga que salir del bolsillo de los funcionarios desplazados.
