La Unión Federal de Policía (UFP) alerta, una vez más, del
incremento sostenido de agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular policías nacionales y guardias civiles. Para el sindicato, a la vez que los datos evidencian una situación límite, la respuesta del Gobierno continúa siendo insuficiente e incluso, en muchos casos, inexistente, consistiendo en un abandono institucional con alguna que otra declaración “tibia” ante los medios condenando las agresiones.
Desde 2018, las agresiones han aumentado un 36,4%, con más de 4.500 casos adicionales. En 2024, se registraron más de 500 agresiones graves, llegando a la cifran de 16.878. (Sólo si hablamos de casos registrados y documentados).
Exigen la adopción urgente de medidas legislativas y judiciales que garanticen una mayor protección para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el preocupante incremento de agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones. «Resulta inaceptable que quienes velan por la seguridad y el orden público se vean cada día más expuestos a ataques físicos y verbales sin una respuesta penal proporcional y disuasoria. Es imprescindible reforzar el marco legal y judicial para que las agresiones a policías y guardias civiles sean tratadas con la gravedad que merecen, asegurando así el respeto y la autoridad que demanda el servicio público que desempeñan», reivindican.
«Los policías nacionales y guardias civiles no pueden continuar siendo blanco de agresiones físicas, verbales y amenazas, sin que haya una respuesta firme. La UFP llama a todas las fuerzas políticas con responsabilidad institucional a tomar cartas en el
asunto ya, para que los datos no sigan empeorando, y para que quienes cumplen la ley puedan también sentirse protegidos por la ley», manifiestan para h50.
Para UFP la paciencia se agota y sentencian: «si el Gobierno no protege a sus policías, seguiremos alzando la voz hasta que lo haga. No se trata de ideología u opciones políticas, se trata de proteger a los servidores públicos y garantes de la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Estamos al límite».
