El reciente asesinato de María Belén Cortés Flor, trabajadora social de 35 años, ha conmocionado a la comunidad de Badajoz y ha puesto en el centro del debate la seguridad de los profesionales que trabajan en pisos tutelados. La tragedia ocurrió en una vivienda de la Junta de Extremadura, donde tres menores, de entre 14 y 17 años, presuntamente golpearon y estrangularon a la víctima con un cinturón antes de huir en su vehículo.
El caso ha generado una ola de indignación y dolor, especialmente en Castuera, el pueblo natal de María Belén. Según declaraciones de Francisco Martos, alcalde de la localidad, “es increíble que alguien que dedicaba su vida a ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad haya muerto de esta manera tan violenta”. La comunidad ha decretado tres días de luto en su memoria.
Revisión de la Ley del Menor: una demanda urgente
La tragedia ha reavivado el debate sobre la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Una compañera de trabajo de la víctima, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su preocupación: “Este caso demuestra que la Ley del Menor necesita una revisión urgente. No podemos seguir trabajando en estas condiciones de inseguridad. La edad penal debe ser reconsiderada, y los recursos para proteger a los trabajadores sociales deben ser ampliados”.
Estas declaraciones reflejan el sentir de muchos profesionales del sector, quienes denuncian la falta de medidas de seguridad en los centros tutelados y la creciente agresividad de algunos menores. Sindicatos y asociaciones han convocado manifestaciones para exigir cambios legislativos y mayor protección laboral.
Un llamado a la reflexión
El asesinato de María Belén no solo es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los trabajadores sociales, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo la sociedad aborda la reinserción de menores en conflicto con la ley. Mientras las investigaciones continúan, la comunidad espera que este trágico suceso impulse reformas que garanticen tanto la seguridad de los profesionales como la eficacia de las medidas de reinserción.
Este caso seguirá siendo un tema de interés público, y su impacto podría marcar un antes y un después en la legislación y las políticas de protección social en España.
