El Sindicato Unificado de Policía solicita transparencia en relación con la asignación de recursos policiales destinados a la protección de Sarah Santaolalla, y reclama conocer los criterios técnicos y operativos que han motivado dicha decisión.
Desde el SUP recordamos que la concesión de protección policial a particulares se encuentra regulada en la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece que estas medidas pueden adoptarse cuando exista constancia de un riesgo grave e inminente contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la persona, o bien tras la correspondiente valoración técnica de riesgo realizada por los órganos competentes y elevada a la Secretaría de Estado de Seguridad. Este extremo resulta especialmente relevante, ya que la activación de servicios de protección personal implica la asignación de recursos policiales limitados. En este sentido, y a la vista de la información pública conocida hasta el momento, desde el SUP consideran necesario que las autoridades competentes expliquen qué circunstancias concretas han llevado a apreciar la concurrencia de dichos supuestos y a autorizar la prestación de este servicio de protección policial tan excepcional.
Asimismo, el SUP reclama conocer qué medios policiales se han destinado a este servicio,
cuántos efectivos participan en el mismo y si para su prestación se han detraído agentes
de otras unidades operativas de la Policía Nacional, especialmente en un contexto en el
que numerosas unidades trabajan con plantillas muy ajustadas.
En este sentido, recordamos que unidades especializadas como la Unidad de Atención a
la Familia y Mujer llevan tiempo alertando de la elevada carga de trabajo que soportan
los agentes encargados de la protección y seguimiento de víctimas dentro del Sistema
VioGén, disponiendo de un agente para gestionar hasta un centenar de casos
simultáneamente, dependiendo del volumen en cada demarcación.
Desde el SUP consideramos que la asignación de recursos policiales para servicios de
protección personal debe realizarse siempre con la máxima transparencia,
especialmente cuando se trata de medios policiales limitados que pueden afectar al
funcionamiento de otras unidades.
Del mismo modo, ha trascendido públicamente que la solicitud de orden de alejamiento
presentada ante la autoridad judicial al parecer habría sido denegada por falta de indicios
objetivos, es por ello que desde el SUP consideran necesario que las autoridades
competentes aclaren qué circunstancias o informes han motivado la activación de un
servicio de protección policial de estas características, de acuerdo con los criterios
establecidos en la citada Instrucción 3/2025.
El SUP reitera su compromiso con una gestión profesional de los recursos
policiales y recuerda que los medios policiales deben destinarse siempre con
criterios estrictamente objetivos y allí donde realmente exista un riesgo cierto
para la seguridad de las personas.
